Esta federación asegura, en un comunicado, que "este informe no sólo conculca los derechos básicos de los afectados, sino que, además, pretende establecer un precedente que entendemos inaceptable, en el que una de las partes implicadas es juez y parte en la evaluación de un problema asistencial".

Además, califican de "hecho gravísimo" el comportamiento del Consejero de Sanidad, Manuel Lamela, "cuya finalidad evidente es condicionar el criterio de la fiscalía, intentando justificar su continuación al frente de una Consejería que le ha venido grande desde que se hizo cargo de ella".

"Por un criterio de responsabilidad y de defensa de la sanidad pública, exigimos la dimisión de Lamela por su desastrosa gestión de este conflicto y por sus actuaciones dirigidas cotidiana y sistemáticamente a deteriorar y privatizar la sanidad madrileña", concluye el comunicado.