Estos ingresos permitieron acometer, durante el mismo periodo, obras de infraestructura en instalaciones del Ejército (33.210 millones de pesetas), de la Armada (435 millones) y del Ejército del Aire (5.633 millones).

El Ministerio de Defensa dispone en la actualidad de 2.691 propiedades, cuya extensión ocupa un total de 1.485 millones de metros cuadrados de suelo, con 13,6 millones construidos. Anque la mayoría de las instalaciones quedaron constituidas en las afueras de los pueblos y ciudades, con el paso del tiempo han quedado ubicadas en el centro de cascos urbanos, condicionando tanto el urbanismo como la operatividad de muchas unidades militares.

De los terrenos vendidos en la última década, gran parte lo fueron mediante 119 convenios gestionados por los organismos que tienen competencia urbanística, principalmente comunidades autónomas y ayuntamientos.

Mediante estos acuerdos, camps de tiro, cuarteles y edificios de todo tipo han servido para la habilitación de edificios administrativos y educativos, zonas verdes, deportivas o residenciales, para la reestructuración de la red viaria de las ciudades y para liberar el entorno urbano de las estrictas exigencias de seguridad que una instalación militar conlleva.

Por ejemplo, el Senado ha podido ampliar sus instalaciones aprovechando el acuartelamiento contiguo de la calle del Reloj, el cuartel de Veterinaria de Santiago de Compostea ha sido rehabilitado para su uso como sede del Parlamento de Galicia y en Sevilla varias dependencias de la Administración autonómica andaluza se albergan en los cuarteles de La Gavidia y Atarazanas.

Aprovechando la estructura de los patios y pasillos de los cuarteles, que resulta idónea para los centros educativos, se han mejorado las dotaciones en el masificado distrito universitario de Madrid y en otros lugares de España, como Barcelona, Pontevedra, Tarragona o Valladolid.

El director genera de Infraestructura, Guillermo Llamas Ramos, explicó que "es indudable que se deben conciliar las inversiones en nuevos proyectos con la racionalización de las instalaciones ya existentes y que se han considerado necesarias, por lo que deben de ser potenciadas y hay que rechazar aquellas que han perdido su utilidad operativa".

Para que esta política resulte menos gravosa al Estado en la actual situación de contención presupuestaria, el Ministerio de Defensa proseguirá con la venta de terrenos e instalciones que dejen de considerarse de interés para la defensa.