La resolución publicada en dicho Boletín especifica que Galindo ha sido expulsado en cumplimiento del Reglamento General que regula la adquisición y pérdida de la condición militar de carrera del Cuerpo de la Guardia Civil.

Defensa ublica esta resolución, a pesar de que el abogado del general pidió la semana pasada al Instituto Armado que no le expulsase hasta que el Tribunal Constitucional se pronunciara sobre el recurso de amparo que había presentado y que fue admitido a trámite.

El letrado, José María Fuster Fabra, explicó que habían realizado esta petición a través de un fax que enviaron en la tarde del pasado lunes a la Dirección General de Personal del Instito Armado.

En el escrito remitido a la Dirección de Personal,la defensa de Galindo argumentaba que no debería actuarse contra su cliente hasta que el Constitucional se pronunciase sobre el recurso de amparo admitido a trámite, en el que pedían, precisamente, la suspensión de las penas accesorias del general, la principal de las cuales es la expulsión del Instituto Armado.

De acuerdo con la legislación en vigor, un militar debe abandonar el Ejército en el momento en el que hay una sentencia firme contra él, lo que, en el caso de Galindo, sucedió en julio de 2001 cuando el Supremo le condenó a 75 años de cárcel por su participación en el "caso Lasa y Zabala".