Una treintena de familias ha constituido la Asociación de Familias de Víctimas del Accidente del Yak-42 y ha contratado los servicios del bufete Gay-Vendrell, de Barcelona, que desde el principio ha dejado claro que entre las acciones legales que están preparando no se excluye ninguna y que las posibles responsabilidades no se limita a la causa inmediata del siniestro.

Estos abogados pretenden no sólo aclarar las causas del accidente y conseguir compensaciones económicas para los familiares de las víctimas, sino también depurar las responsabilidades políticas y militares a que hubiera lugar como consecuencia de la investigación.

En el otro lado, el despacho de Martín-Chico y Asociados está agrupando desde Madrid los casos de las familias de unos 25 afectados, en colaboración con abogados de Zaragoza, Valladolid y otros punto de España.

En este bufete, con una amplia experiencia en accidentes de avión, consideran que la responsabilidad plena del siniestro es del transportista, la compañía aérea ucraniana UM Air, y que, aunque no descartan nada, es muy complicado elevar responsabilidades hasta el contratista inicial, el Ministerio de Defensa, o los intermediarios, la agencia de la OTAN NAMSA y el "broker" británico Chapman Freeborn.

VIA CIVIL

Según explicó a Servimedia el letrado de este despacho Carlos Villacorta, on los primeros datos aportados por las investigaciones, "no vemos que la Administración tenga responsabilidad jurídica", ya que estamos ante un "clarísimo error de pilotaje", del que sólo la compañía aérea puede tener responsabilidad civil.

El abogado indicó que el objetivo de Martín-Chico es que sus clientes logren saber qué ha pasado y obtengan la reparación más justa posible. En este sentido, defendió la opción de agotar la vía civil y calificó de "absolutamente descabellado" tratar de acudir a lavía penal en España, tras recordar que si se abre la segunda se paralizan las acciones de la primera, lo que conllevaría años de retraso en el cobro de indemnizaciones.

Asimismo, si el ministerio fuera involucrado como responsable por las acciones legales, el caso pasaría a la vía contencioso- administrativa, lo que también alargaría el proceso.

En cuanto a las indemnizaciones que se pueden alcanzar, Villacorta explicó que variarán mucho en función de cada caso, pero orientativamente aportó cifra de entre 250.000 y un millón de euros por fallecido.