Una treintena de familias ha constituido la Asociación de Familias de Víctimas del Accidente del Yak-42 y ha contratado los servicios del bufete Gay-Vendrell, de Barcelona, quien desde el principio ha dejado claro que entre las acciones legales que están preparando no se excluye ninguna y que las posibles responsabilidades no se limitan a la causa inmediata del siniestro.

En la rueda de prensa de presentación de la Asociación, su presidente, Carlos Ripollés, hermano del comandante José Manuel ipollés, explicó que pretenden, no solo aclarar las causas del accidente y conseguir compensaciones económicas, sino también "depurar las responsabilidades políticas y militares a que hubiera lugar como consecuencia de la investigación".

En el otro lado, el despacho de Martín-Chico y Asociados está agrupando desde Madrid los casos de las familias de unos 25 afectados, en colaboración con abogados de Zaragoza, Valladolid y otros puntos de España.

En este bufete, con una amplia experiencia en accidntes de avión, consideran que la responsabilidad plena del siniestro es del transportista, la compañía aérea ucraniana UM Air, y que, aunque no descartan nada, es muy complicado elevar responsabilidades hasta el contratista inicial, el Ministerio de Defensa, o los intermediarios, la agencia de la OTAN NAMSA y el "broker" británico Chapman Freeborn.

Según explicó a Servimedia el letrado de este despacho Carlos Villacorta, con los primeros datos aportados por las investigaciones, "no vemos que la Adminitración tenga responsabilidad jurídica", ya que estamos ante un "clarísimo error de pilotaje", del que sólo la compañía aérea puede tener responsabilidad civil.

El abogado indicó que el objetivo de Martín-Chico es que sus clientes logren saber qué ha pasado y obtengan la reparación más justa posible. En este sentido, defendió la opción de agotar a la vía civil y calificó como "absolutamente descabellada" tratar de acudir a la vía penal en España, tras recordar que si se abre la segunda se paralizan la acciones de la primera, lo que conllevaría años de retraso en el cobro de indemnizaciones.

Asimismo, si el Ministerio fuera involucrado como responsable por las acciones legales, el caso pasaría a la vía contencioso-administrativa, "lo que también alarga el proceso bastante", dijo Villacorta.

En cuanto a las indemnizaciones que se pueden alcanzar, el letrado explicó que variarán mucho en función de cada caso, pero orientativamente aportó cifras de entre 250.000 y un millón de euros por fallecido