Según informa la Junta, el decreto, aprobado ayer por el Consejo de Gobierno, ha sido elaborado con la participación de todas las organizaciones representativas del ámbito de la enseñanza.

El consejero explicó que los tres grandes objetivos que plantea este texto son reforzar la convivencia en la escuela, prevenir conflictos y establecer medidas correctoras en caso de que éstos se produzcan.

Asimismo, dijo, el decreto potencia la autonomía de los centros y la participación de la comunidad educativa en la elaboración de las reglas de convivencia, así como en el desarrollo de las actuaciones preventivas, incluyendo la mediación como sistema de resolución de conflictos.

También se refuerza la autoridad del profesorado y las competencias de los equipos directivos, ya que, según indicó Valverde, cualquier falta hacia un docente será considerada grave. Además, se favorece la rapidez de la respuesta ante las actuaciones contrarias a la convivencia, otorgando la facultad para corregirlas bien al profesor o al director del centro, según la gravedad de las mismas.

Otra de las medidas contempladas en el decreto es la creación del Observatorio Regional de la Convivencia, un órgano de consulta y seguimiento de las relaciones de convivencia escolar, de las causas que motivan su ruptura y de las acciones para su mejora.

Valverde señaló que estará compuesto por representantes de los grupos parlamentarios, administración educativa, bienestar social, justicia, sindicatos, centros concertados, Fiscalía de menores, Defensor del Pueblo, universidades, Consejo Escolar, Instituto de la Juventud e Instituto de la Mujer, además de personas expertas en temas de convivencia escolar.

Asimismo, el decreto recoge la creación de una unidad o equipo específico de ámbito regional para el asesoramiento y, en su caso, proporcionar una respuesta inmediata a profesorado, padres y madres y alumnado ante los conflictos que puedan surgir, que contará con un teléfono de atención gratuito.

También se han puesto en marcha en 50 Institutos de Enseñanza Secundaria de la región las llamadas ‘aulas de convivencia’, que están atendidas por 100 profesores.

Por otra parte, se articula como medida educativa excepcional, con un procedimiento específico para su adopción, el cambio de centro educativo. Se considerarán especialmente graves las conductas que tengan que ver con comportamientos racistas, xenófobos, de violencia de género, apología de la violencia o terrorismo, y los que se realicen contra personas vulnerables por razones personales, económicas o sociales.

El consejero afirmó que la administración educativa fomentará medidas encaminadas a la mejora del clima escolar, que van desde el apoyo a los centros con proyectos de innovación e investigación a la formación del profesorado y las familias, la introducción de la convivencia en las programaciones didácticas y la potenciación de la participación del alumnado.