Nueve serán las personas que se sienten en el banquillo de los acusados como imputados por la trama financiera creada por "Pepe el del Popular" desde su despacho de la entidad, ubicada en pleno centro de Santander, y que supuso la creación de un banco paralelo a través del cual defraudó cerca de 5.000 millones de pesetas, aunque el Popular eleva esta cifra a 6.000 millones.

Entre los procesados no se encuentra ningún miembro del Consejo de Administación del Banco Popular, entre ellos los hermanos Valls Taberner, al ser rechazada por el instructor la petición realizada por la acusación particular.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 9 decreta, a través de un auto judicial, la rebeldía de José Pérez y de su esposa, Esperanza Murillo Fernández, por lo que la causa con respecto a ellos se archiva hasta que puedan ser detenidos.

"Pepe el del Popular" se encuentra en paradero desconocido desde el momento en el que saltó el escánalo en marzo de 1991. Por su parte, la esposa del cerebro de la operación burló varios meses después la vigilancia a la que estaba siendo sometida por orden judicial y que la obligaba a presentarse en los juzgados cada quince días.

Algunas fuentes periodísticas sitúan a la pareja en Mexico, donde incluso podrían estar regentando un restaurante. Sin embargo, las distintas órdenes de búsqueda dictadas a la Interpol no han conseguido su detención.

BANCO PARALELO

Según el relato de los hechos realiado por el Ministerio Fiscal, "Pepe, l del Popular" ofrecía a sus clientes intereses de entre el 13 y el 18 por ciento, superior al de la entidad que regentaba, y llevaba una contabilidad paralela ajena al control bancario.

La actividad de José Pérez se basaba en la confianza de sus clientes, que incluso le dejaban en posesión sus libretas de ahorro, con lo que podía mover con comodidad los recursos económicos.

Entre los numerosos miembros de banco paralelo de "Pepe" se encuentran la Cámara de laPropiedad Urbana de Santander y el Casino de El Sardinero, así como empresas y personas de cierta relevancia política y social en Cantabria.

A partir de estos momentos, los acusados cuentan con cinco días para formular sus escritos de defensa. Posteriormente, el sumario será remitido a la Audiencia Provincial para que señale la fecha del juicio, que podría celebrarse en otoño.