Entre las organizaciones están Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Fundación Renovables, Greenpeace y Plataforma por un Nuevo Modelo Energético. Además, este domingo se celebra el Día Mundial de la Justicia Social y las entidades celebrarán una concentración a las 12.00 horas en un lugar por definir en la que exigirán el "derecho a una vida digna" en materia de energía, que reivindican como un derecho y no como "un producto financiero".

Por ello, reivindican que la actual crisis de precios energéticos debe dar lugar a que se considere legislativamente el suministro de energía como un derecho y garantizar el acceso universal a este suministro básico, que permite unas condiciones de vida dignas según los estándares actuales.

Para ello, exigen la implementación de una tarifa social energética que contribuya a la igualdad social, de la misma manera que el acceso al sistema sanitario, y la garantía de una cantidad mínima de agua para usos personales y domésticos. Esa tarifa subsanaría la "ineficiencia" que, según las ONG, supone la aplicación del bono social y del bono térmico.

Los altos precios de la electricidad, impulsados por la tensión geopolítica del gas fósil, ponen en evidencia, a juicio de las organizaciones, el “obsceno funcionamiento del mercado eléctrico”, con un modelo marginalista que no tiene en cuenta el coste real de generación y recurre a un opaco “coste de oportunidad” en la fijación de sus precios.

Añaden que "la escasa transparencia en la conformación de precios se produce por la elevada concentración de este mercado en muy pocas empresas (oligopolio) y su integración vertical en todas las actividades del sistema energético: generación, transporte o distribución y comercialización, lo que dificulta la entrada de nuevos actores, como las comunidades energéticas o los agregadores de demanda".

Esto lleva a las organizaciones a exigir "una decisión política firme y contundente para acabar con la concentración del actual oligopolio energético", así como a que se transpongan las directivas europeas de mercado eléctrico para impedir la formación de nuevos oligopolios.

En resumen, las entidades reivindican, entre otras propuestas, una tarifa social que garantice el derecho a los suministros básicos de energía de manera limpia y sostenible, la prohibición de cortes de suministros básicos de agua, luz y gas, y medidas para la eficiencia energética y contra el despilfarro.