El magistrado accede así a la petición de la Acusación Popular que quería aclarar si el DAO tuvo conocimiento por medio de la Comisaría General de Información de la llegada a España de Gali el 18 de abril de 2021 y si se adoptó alguna medida relacionada con esa información. Gali llegó a bordo de una aeronave fletada por el Gobierno argelino para ingresar en el Hospital San Pedro de Logroño, aquejado de la covid-19.

Lasala ofrece a ambos testigos la posibilidad de declarar por videoconferencia desde el Juzgado Decano de Madrid. El auto indica que esta comparecencia es “adecuada” para “detallar el grado de conocimiento anterior y/o posterior que sobre las peculiares circunstancias subjetivas procesales tenían las autoridades intervinientes en la llegada y estancia en España de Gali, más aún si se observa el escaso aporte probatorio de anteriores intervinientes (salvo quien primero compareció como investigado), fuera manifestando desconocimiento, fuera alegando deber de reserva legal”.

Además del DAO de la Policía, está citado un inspector jefe a fin de aclarar la circunstancias por las que no se procedió de oficio a indagar sobre la presunta falsedad documental en la que habría incurrido el líder Polisario, una vez se supo que quien había ingresado en el hospital de Logroño era Gali y que lo había hecho con una filiación distinta a la suya.

La acusación que ejerce el abogado Antonio Urdiales pidió que se tomara declaración a los jefes policiales después de la declaración del comisario general de Información, Eugenio Pereiro, quien admitió haber tenido conocimiento de la llegada de Gali a España el mismo día del vuelo, mientras que Susana Crisóstomo, jefa de Gabinete del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguró que en el ministerio se entraron días después por la prensa de la llegada de Gali.

Pereiro aseguró al juez que recibió el aviso de un confidente al que no identificó, y decidió montar un dispositivo de vigilancia y seguridad para proteger a Gali en su traslado al hospital de Logroño. El juez preguntará al DAO de la Policía si estaba al tanto de esta información y sobre los motivos por los que no se investigó en ese momento la denuncia de falsedad documental.

Se trata de determinar si Gali entró en España con una identidad falsa, que se mantuvo tras su ingreso en el hospital donde se inscribió con el nombre de Mohammed Benbatouche. En esta causa está imputada la exministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya y su jefe de gabinete, Camilo Villarino. Desde Exteriores defendieron que el líder Polisario entró en España sin ser identificado y que contaba con pasaporte diplomático de las autoridades argelinas.