El caso de la presa de Tous, que se derrumbó el 20 de octubre de 1982 provocando la muerte a nueve personas y daños materiales por valor de 50.000 millones de pesetas en diez poblaciones valencinas, está siendo ahora juzgado por cuarta vez sin que todavía la justicia se haya pronunciado en firme sobre las responsabilidades del gobierno español y los técnicos que construyeron la presa.

La campaña pública que han iniciado hoy las asociaciones de damnificados Afiva y Apemeda contra el Partido Socialista Obrero Español se prolongará hasta el próximo 28 de mayo, día de las elecciones municipales y autonómicas.

"La campaña consistirá en la instalación de quioscos de información por las poblacones valencianas en actos públicos y reparto de pegatinas, pins e informes sobre nuestras peticiones", señaló la misma fuente a esta agencia.

Los perjudicados de Tous solicitaron hace un mes un crédito por valor de 40 millones de pesetas a una entidad bancaria valenciana para sufragar los gastos de las minutas de expertos internacionales que redactaron un informe en defensa de los damnificados " y para cubrir los costes de esta campaña que ahora iniciamos contra el gobierno y su falta de interés por nestro caso", indicó el representante de Afiva y Apemeda.

Además de exigir urgentemente el pago de unos 15.000 millones de pesetas para los cerca de cinco mil daminificados, pendientes del cobro de indemnizaciones, los perjudicados denuncia ahora al gobierno español "por haber pagado unos 600 millones de pesetas a expertos de la defensa cuya procedencia podría ser de los fondos reservados", según comentó un portavoz de los daminificados.