Esa era la postura con la que la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, acudió a la reunión de la cúpula del Ministerio Público en la que están representados una treintena de fiscales de primera categoría.

De este modo, la investigación se dividirá en dos partes. Una de ellas quedará en manos de la Fiscalía Europea, que analizará si el contrato suscrito, por el que Tomás Díaz Ayuso cobró 55.000 euros, constituyó un delito de malversación de los fondos europeos a cargo de los cuales se compraron las mascarillas en China. La apertura de estas diligencias no se puede impedir en ningún caso, según indican fuentes fiscales.

La Fiscalía Anticorrupción, bajo la dirección de Alejandro Luzón, se quedaría así con las pesquisas dirigidas a comprobar si existieron delitos de tráfico de influencias, cohecho, prevaricación y negociaciones prohibidas a los funcionarios.

Delgado convocó esta reunión el pasado viernes, después de que la Fiscalía Europea comunicara la apertura de una investigación sobre el contrato por 1,5 millones de euros de la Comunidad de Madrid con la empresa Priviet Sportive, propiedad de un amigo de la familia Ayuso, para el suministro de mascarillas en abril de 2020 con cargo a los presupuestos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).

La adjudicataria, que no tenía experiencia previa en el mercado de productos sanitarios, es propiedad de Daniel Alcázar Barranco, amigo de los hermanos Ayuso desde la infancia, y fue la que pagó al hermano de la presidenta por su intermediación en la compra y transporte del cargamento desde China a Madrid.

TJUE

La Fiscalía Europea se dirigió este lunes a la Fiscalía General del Estado para proponer que eleve una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y resolver así la cuestión de la competencia para investigar el contrato. La decisión de Delgado da por zanjado el asunto sin recurrir a este tribunal.

La representante de la Fiscalía Europea, Concepción Sabadell, que proviene de Anticorrupción y fue fiscal del 'caso Gürtel', reclamó la semana pasada la investigación sobre el contrato de compraventa de mascarillas a la Comunidad de Madrid por el que Tomás Díaz Ayuso había cobrado 55.000 euros.

La Fiscalía Europea entiende que en este caso podría haber un posible delito de malversación y de fraude de fondos provenientes de los presupuestos comunitarios destinados a la compra de material sanitario de urgencia durante la primera ola de la pandemia de covid-19.

El fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, remitió un escrito a la Fiscalía General oponiéndose a entregar la investigación por entender que las diligencias realizadas hasta el momento no arrojan indicios de un delito de malversación y que los hechos tienen un ámbito estrictamente nacional.

Ante esta pugna, la Fiscalía Europea emitió este lunes un comunicado en el que explica que su reglamento establece una competencia preferente para que la Fiscalía Europea investigue todos los hechos relacionados con un posible fraude que afecte a los intereses financieros de la Unión Europea.

En febrero pasado, Luzón abrió una investigación como consecuencia de las denuncias formuladas por tres grupos de la oposición en la Comunidad de Madrid sobre el citado contrato. Para la Fiscalía Anticorrupción en estos hechos se podrían investigar delitos relacionados con tráfico de influencias, falsedad en la factura emitida por Tomás Díaz Ayuso, prevaricación y negociaciones prohibidas a los funcionarios.