Incluso lo que habían anunciado fuentes oficiales españolas esta mañana que España recibiría 5 millones de euros del Fondo de Solidaridad, creado en octubre pasado, tampoco se va a llevar a cabo.

Poco después de que aparecieran las primeras informaciones sobre esta aportación del fondo, su responsable, el comisario de políticas regionales, Michel Barnier, comparecía ante los periodistas españoles presentes en Copenhague para negarlo. "La del Prestige", dijo claramente Barnier, "no es una catástrofe natural, sino una catástrofe que tiene consecuencias en el plano ecológic, humano y social, y, por tanto, debe haber otros mecanismos que deben jugar, especialmente los seguros".

Al tiempo, su gabinete de prensa distribuía un documento titulado "Naufragio del Prestige, solidaridad Europea", en el que recordaba que Galicia y Asturias son regiones declaradas objetivo 1 y que, del total de sus partidas para el período 2000-2006 les resta por gastar 1.264 y 237 millones de euros, respectivamente. España, prosigue el comisario en su nota, puede aumentar de su presupuesto esas prtidas o "cambiar la finalidad de las distintas dotaciones", es decir que se desvíe ese dinero de los gallegos y asturianos que lo iban a recibir hacia los afectados por el vertido del "Prestige".

Y es que éste es un Consejo de jefes de Estado y de Gobierno en el que lo económico pesa tanto (en estos momentos la ampliación histórica de diez nuevos socios está parada por la oposición de Polonia a recibir sólo 19.000 de los 41.000 millones de euros previstos), que la llamada a solidaridad de España estáobteniendo, de momento, promesas de futuro.

En las conclusiones de la "cumbre" habrá una muestra su apoyo a la Comisión Europea por las medidas adoptadas desde el hundimiento del petrolero "Prestige" y un añadido de que el Consejo se congratula por la intención del Colegio de Comisarios que preside Romano Prodi de "examinar la necesidad de adoptar medidas adicionales".

Según ha explicado en rueda de prensa la ministra Palacio, los Consejos semestrales de jefes de Estado y de Gobierno se limitan a"marcar voluntad política", que luego tiene su reflejo práctico en las medidas que adopta la Comisión Europea.

Entre las iniciativas sugeridas hasta el momento destaca la del presidente del Gobierno español, José María Aznar, y la comisaria de Transportes, Loyola de Palacio, de que la Organización Marítima Internacional (OMI) aumente de 200 a 1.000 millones de euros su fondo de indemnización para catástrofes (FIPOL). En caso de que la OMI no lo aceptara, debería ser la UE la que aportara de sus fondosla diferencia.

Tras el debate de este tema en la "cumbre", Ana Palacio no ha querido dar detalles y se ha refugiado una y otra vez en el hecho de que todavía no se sabe qué va a pasar con las 50.000 toneladas de fuel pesado que alberga en su seno a 3.500 metros de profundidad el "Prestige", y, por tanto, no hay una "evaluación cerrada" sobre la que implementar ayudas.

Cuando se le ha preguntado si no le parece cicatero, por parte de la UE, plantearse siquiera dar 5 millones de euros, mientras la mpresa Zara ha anunciado que donará 6 millones, la titular de Exteriores ha dicho que Europa no hace donaciones, sino que "tiene una reglas" y las reclamaciones se plantean de acuerdo con ellas. "Lamentablemente, todavía no se puede cerrar ese expediente. Aquí (en Copenhague) no hay cifra. Se verá cuando se tenga la valoración de daños", añadió.

De momento, fuentes de la Delegación española en Copenhague han explicado que el Ejecutivo ha agrupado los remanentes de fondos UE para 2002 en los ministerio afectados, Medio Ambiente y Agricultura, lo cual supone alrededor de 200 millones de euros, para hacer frente a los primeros pagos de la crisis.

De ahí se han transferido los primeros 42 millones de euros a Salvamento Marítimo (Sasemar), para que pague a los remolcadores extranjeros que succionan fuel, y los primeros costes de las empresas de Servicios públicos Tragsa y Terra. Estas son las que, por cuenta de las Administraciones Central y de la Xunta, están contratando las planeadoras y los barcos d los propietarios de las 'bateas' para recoger las pequeñas pelotas de chapapote que no pueden succionar los grandes barcos.

Además, según las mismas fuentes, se han "rescatado" 20 millones de euros del Instituto de Fomento de la Pesca (IFOP), para hacer frente a las indemnizaciones a armadores, pescadores y marisqueros afectados. La "flexibilidad" con la que la Comisión Europea va a tratar el uso de los fondos Objetivo 1 para Asturias y Galicia permitirá al Gobierno, si así lo decide, desviar parte d los mismos al mismo fin.

"El Consejo Europeo", se afirma en el borrador de conclusiones, "expresa su malestar, su pesar y su profunda preocupación por el grave accidente del petrolero 'Prestige' frente a las costas noroccidentales de España. Los perjuicios ocasionados en el medio marino y en entorno socioeconómico y la amenaza que se cierne sobre los medios de vida de miles de personas son intolerables. La Unión Europea expresa su solidaridad con los Estados, regiones y poblaciones que se han visto aectadas, así como su apoyo y reconocimiento de los esfuerzos realizados por los Estados afectados, las instituciones y la sociedad civil para lograr la recuperación de las zonas contaminadas".

Los Quince recuerdan los "esfuerzos" llevados a cabo en el Consejo de Niza, primero tras el desastre del petrolero "Erika", en 1999 frente a las costas de Bretaña, y reconoce también los esfuerzos de la UE y la OMI "para mejorar la seguridad marítima y la prevención de la contaminación".

"La Unión", añade l Presidencia danesa, "seguirá desempeñando un papel destacado en los esfuerzos internacionales para lograr este objetivo (mejorar la seguridad marítima), en concreto en el marco de la OMI. Las conclusiones del Consejo de Transportes de 6 de diciembre de 2002 y del Consejo de Medio Ambiente de 9 de diciembre de 2002 deberán aplicarse en todos sus aspectos sin demora".

El Gobierno español ve en esta última expresión un reconocimiento implícito de que, desde lo ocurrido con el "Erika", no se implementaro las medidas adecuadas y, por tanto, carga de razón al Ejecutivo para seguir estudiando el asunto con la Comisión despacio, evaluar los daños y luego pedir responsabilidad subsidiaria a la UE en el sufragio de los daños.

POSIBLE RETRASO DEL FINAL DE LA CUMBRE

En su comparecencia, la ministra de Asuntos Exteriores no ha ocultado que, si sigue la negativa de Polonia a firmar la adhesión con los 19.000 millones de euros asignados, el final de la "cumbre" de jefes de Estado y de gobierno de la UE puede rse a mañana, sábado, en lugar de esta noche con la cena de gala.

Palacio ha asegurado que no es un problema de que los Quince estén siendo cicateros con los futuros socios (los 41.000 millones a repartir entre 10 es la misma cantidad, prácticamente, que La que se puso sobre la mesa cuando la ampliación iba a ser sólo a 6) sino que detrás de los principios "románticos" hay intereses muy concretos y cuando cada país "coge el lápiz y se pone a hacer números", las cuentas son las que son.

Sigue el 'ira y afloja' entre los Quince, que se niegan a aportar un euro más a Polonia, Chequia, Chipre (la parte grecochipriota de la isla, el sur), Estonia, Letonia, Lituania, Hungría, Malta, Eslovaquia y Eslovenia. El más duro en la negociación está siendo Polonia, con cuyo primer ministro se ha reunido hoy con el presidente del Consejo, el primer ministro danés, Anders Fogh Rasmussen. No ha habido acuerdo.

El ultimátum a Polonia (ya no se habla de paralizar la ampliación de los otros 9): si no se acepta es partida, la ampliación de todos ellos se retrasará hasta 2007, la fecha prevista para los siguientes candidatos, Rumanía y Bulgaria, es visto por Ana Palacio como algo natural en el tipo de negociaciones practicadas en los consejos de la UE.

Respecto al problema turco, la responsable diplomática española reveló que esta mañana ha mantenido un encuentro con su homólogo turco y le dijo que no deben ver como un agravio, tal y como ha dicho su primer ministro, Tayyip Erdokan, el hecho de que se haya llevdo a diciembre de 2004 la fecha para ver si ese país está en condiciones de iniciar las negociaciones de adhesión.

Palacio cree, incluso, que ese plazo de 18 meses es "muy optimista" y que España, "que tuvo que hacer cambios en sus estructuras administrativas" mucho menores, tardó una década en lograr la adhesión. La ministra ha recordado el papel de tutela que todavía ejerce el Ejército turco sobre las autoridades civiles y la necesidad de que la legislación turca elimine la pena de muerte prohibida n la UE, entre otras materias.