En una carta dirigida al ministro de Asuntos Exteriores español, Abel Matutes, Amnistía indica: "La preocupación principal de Amnistía Internacional en Cuba se centra en los siguientes aspectos: la liberación inmediata e incondicional (pues con frecuencia se condiciona la libertad al exilio) de los pesos de conciencia, el derecho de los presos políticos a tener un juicio justo, la abolición de la pena de muerte, que los presos no reciban malos tratos y que los ciudadanos cubanos puedan ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión".

Según AI, la situación de los derechos humanos en Cuba no ha experimentado grandes variaciones en los últimos años. Si bien con la visita a la isla del papa Juan Pablo II, en enero de 1998, se produjo la liberación, entre otros, de3 presos considerados de conciencia por Amnistía Internacional, no se ha producido una mejora apreciable.

De hecho, agrega la organización, el 16 de febrero de 1999 la Asamblea Nacional de Cuba aprobó una nueva ley de gran dureza destinada a combatir la disidencia política, denominada Ley para la Protección de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba, en virtud de la cual los disidentes y periodistas a quienes se declare culpables de trabajar contra el Estado cubano pueden ser condenados a pena de hasta 20 años de prisión y al pago de cuantiosas multas.

PENA DE MUERTE

En los últimos meses, asegura la organización defensora de los derechos humanos, se ha producido un fuerte incremento en los casos de pena de muerte respecto al año 1998. En ese año se cree que al menos cinco personas fueron ejecutadas, si bien sólo se pudieron confirmar dos casos. Sin embargo, desde marzo de este año se estima que al menos diez personas han sido ejecutadas y al menos cinco más han sido condenadas a muerte. Según AI, aún permanecen en prisión al menos un centenar de presos de conciencia y unos 350 presos políticos, algunos de los cuales podrían ser también considerados de conciencia. En algunas ocasiones se les imputan delitos comunes para ocultar la motivación política del arresto.

Amnistía Internacional está trabajando actualmente en los casos de 17 presos de conciencia, cinco de los cuales están al cargo de grupos locales de la Sección Española de Amnistía Internacional: Bernardo Arévalo, Orestes odríguez, Cecilio Monteagudo, Marta Beatriz Roque y Juan José Moreno.

Bernardo Arévalo, director de una agencia de noticias independiente, fue condenado a seis años de prisión por "desacato". Orestes Rodríguez y Cecilio Monteagudo, pertenecientes a grupos no oficiales, fueron acusados de "propaganda enemiga" y condenados a cuatro años de prisión.

Marta Beatriz Roque fue acusada, junto a los otros tres miembros del Grupo de Trabajo de la Disidencia Interna, de "otros actos contra la seguridad del stado" en relación con el delito de "sedición" y fue condenada a tres años y seis meses de prisión. Por último, Juan José Moreno fue acusado, junto a otros miembros del grupo político no oficial al que pertenecía, de "rebelión" y otros actos contra la seguridad del Estado. Las condenas oscilaron entre 5 y 30 años.