Tamayo y Díaz han sido suspendidos en sus funciones cautelarmente, pero siguen conservado su sueldo y el nombramiento "hasta que los hechos estén totalmente esclarecidos", añade la nota.

El departamento que dirige Carmen Alborch precisa que la medida adoptada no es un despido y lamenta que se haya filtrado a los medios de comunicación, ya que la discreción con la que se abrió el expediente tenía como objetivo preservar la "honorabilidad de las personas implicadas".

Según el ministerio, el expediente se abrió a raiz de una denuncia presentada por una de las empresas que participaba n el concurso para el equipamiento audiovisual del Teatro Real, sobre la existencia de posibles irregularidades en la adjudicación.

El comunicado añade que "como consecuencia de los hechos puestos en evidencia por la denuncia y la información reservada, y para preservar los intereses generales, se ha procedido a declarar desierto el concurso y se han iniciado sendos expedientes a los profesionales arriba citados".

El Ministerio de Cultura aclara finalmente que "otras decisiones relacionadas con l gestión y reestructuración administrativa, como es el cese del subdirector jefe de la Inspección General de Servicios, José María Huerta, no tienen ninguna vinculación con los hechos arriba indicados".