La Fiscalía Anticorrupción atribuye a Cueto el control real de la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, adjudicataria de los contratos que están bajo la lupa de la justicia. El empresario sólo ha respondido a las preguntas de su abogado y tras su comparecencia ha quedado en libertad con la prohibición de salir de España.

Según fuentes presentes en la comparecencia, el empresario ha defendido la adjudicación de los contratos con distintas administraciones por un montante total de 54 millones de euros. En ese sentido, Cueto mencionó al juez que existe una auditoría de KPMG, que avaló la obtención de esos contratos.

Cueto insistió a lo largo de la media hora que ha durado su declaración, en que hubo que realizar varias gestiones para garantizar el suministro de mascarillas, entre ellas varios viajes a China y defendió la legalidad de los nueve contratos con los que Soluciones de Gestión obtuvo cerca de 17 millones de euros de beneficio.

La investigación sobre este presunto caso de corrupción se precipitó con la detención de una veintena de personas la pasada semana. El jueves, el juez tomó declaración al exasesor del ministro de Transportes José Luis Ábalos, Koldo García; su hermano Joseba; su esposa, Patricia Uriz, y el empresario Íñigo Rotaetxe, que se acogieron a su derecho a no declarar.

Cueto no se encuentra entre la veintena de detenidos la pasada semana por su relación con esta causa porque se encontraba en el extranjero. Estaba citado esta mañana a las 9.30 horas y llego a la sede de la Audiencia Nacional en acompañado de su abogado.

El Ministerio Público considera que Juan Carlos Cueto es la persona que controla el grupo Cueto, al que pertenece Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, la empresa que habría facturado 54 millones de euros por la venta de mascarillas a distintas administraciones públicas. De esta operación, el empresario habría cobrado supuestamente 9,6 millones de euros.

Cueto no figura como miembro de los órganos del grupo empresarial, pero según la Fiscalía es su responsable de hecho y la persona que supuestamente decidió utilizar a Soluciones de Gestión y Apoyo de Empresas como empresa instrumental. Formalmente, la sociedad es propiedad del empresario Íñigo Rotaeche y tiene por administrador a José Ángel Escorial. Los dos figuran como investigados en la causa.

El empresario ya ha estado investigado en otras causas de corrupción por amaños de contratos en los casos Mercasa o Defex, en la que estuvo acusado de amañar contratos de venta de armas en Angola, operación en la que presuntamente habría ganado más de 117 millones de euros. La Fiscalía pide para él más de 50 años de prisión.

VOX

La coordinadora jurídica de Vox, Marta Castro, aseguró tras la declaración que esta causa demuestra la “vinculación de exministros del PSOE con las empresas adjudicatarias de los contratos durante el Covid”, entre los que citó al que fuera titular de Sanidad, Salvador Illa.

El instructor de la causa aceptó la personación de Vox como acusación popular, que se suma a la del PP, que fue aceptada la pasada semana por el juez. según Castro ahora hay que averituar “porqué esas empresas accedieron a esos contratos, cuando muchas ni siquiera estaban calificadas para la contratación pública” y apuntó que este caso apunta a la existencia de “tráfico de influencias”.

NUEVE CONTRATOS

Soluciones de Gestión firmó nueve contratos con varios ministerios del Gobierno de Pedro Sánchez y con dos comunidades autónomas presididas por líderes el PSOE: Baleares y Canarias. El primero de los contratos se suscribió con Puertos del Estado por un total de 20 millones de euros en marzo de 2020. Después de firmaron contratos con Adif por 12,5 millones de euros, con el Ministerio del Interior por 3,5 millones de euros y con los gobiernos canario y balear, por 10 millones de euros.

Justamente los contratos suscritos por las comunidades autónomas están siendo analizados por la Fiscalía Europea que deberá comprobar si hay indicios de fraude, por haberse sufragado con cargo a los fondos europeos.