Después de un mes en el que los ministerios de Exteriores, Economía y Justicia han negociado el texto, y el Consejo de Estado ha emitido el correspondiente dictamen, José María Aznar ya tiene sobre su mesa un proyecto de ley `antibloqueo'.

Un colaborador del presidente explicó hoy a esta agencia que a partir de ahor el Consejo de Ministros puede aprobarlo en cualquier reunión, aunque matizó que no es previsible que lo haga mañana, apresuradamente, porque la voluntad política de Aznar es ver "qué efecto tiene" el reglamento aprobado ayer por la UE.

Este texto, "muy similar" al proyecto de ley español, explica una de las fuentes, es de automática aplicación por parte de los Estados miembros (no se necesita el trámite de trasposición a la legislación de cada país). Consta de doce artículos en los que no se citan lees concretas, para que sirva de respuesta a las actuales leyes Helms-Burton, Kennedy-D'Amato, y futuras legislaciones similares de los EEUU.

En su artículo seis se incluye que las empresas requeridas por los tribunales estadounidenses en virtud de leyes extraterritoriales tienen "derecho a resarcirse por las cantidades obtenidas por (los beneficiarios de) sentencias dictadas por tribunales de países no miembros (de la UE)".

RESARCIRSE CON CARGO A LOS DENUNCIANTES

España traduce ese resarcimient en su proyecto de ley `antibloqueo' como el derecho de los nacionales afectados a ser indemnizados con cargo a las empresas de EEUU que les hayan denunciado por haber invertido en Cuba, Libia o Irán. El Gobierno incautará a esas multinacionales americanas bienes y capital proporcionalmente a las sanciones que los jueces estadounidenses impongan a las españolas.

En el capítulo de multas a las empresas de la UE que se salten la prohibición de comparecer ante la Justicia americana, la Comisión deja en mnos de cada Estado imponer sanciones "efectivas, proporcionales y disuasorias", dice el reglamento.

El sistema de multas español para las empresas que se salten la prohibición de comparecer ante la Justicia de EE.UU será "proporcional" al quebrantamiento de la prohibición, en palabras de una fuente informante. Pero la menos cuantiosa, "no es de cinco ni de diez millones, es más alta", añadió.

Nuestro país quiere proteger así las cuantiosas inversiones que poseen firmas españolas en Cuba, fundamenalmente cadenas hoteleras, amenazadas por empresas de EEUU que las reclaman haber ocupado propiedades suyas de antes de la revolución de 1959.

A esto se ha unido en los últimos días la ley Kennedy-D'Amato, que penaliza a empresas con inversiones en Irán y Libia, países que EEUU pretende boicotear por su presunto apoyo al terrorismo internacional. En el caso español, la empresa más afectada sería Enagás, que explota yacimientos de gas en el desierto Libio desde hace varios años. De hecho, el 20% del ga que se consume en España procede de ese país norteafricano.