La propuesta presentada por el PP insta al Gobierno a que promueva acciones bilaterales y en el ámbito de la Unión Europea y en las organizaciones multilaterales para que en Cuba se respeten los derechos humanos y las libertades civiles.

Asimismo, reclama al Ejecutivo que trabaje en estos escenario para facilitar las transformaciones que permitan al pueblo cubano disfrutar de un régimen homologable con los que existen en la UE y en el resto de los países de la Comunidad Iberoamericana.

En su texto, el PP denuncia que el aumento de la represión a los opositores democráticos "ha roto las expectativas de normalización democrática que se crearon en Cuba, con motivo de la visita de Su Santidad el Papa hace unos años".

De este modo, prosigue, se pone de manifiesto "la realidad de un pueblo que oserva diariamente cómo la falta de evolución de su régimen hacia un sistema democrático perjudica sus legítimas aspiraciones de libertad e incide en el aumento de los flujos migratorios de los últimos años".

La propuesta del PSOE exige al Gobierno que condene la detención a los opositores cubanos y reclame su inmediata liberación, así como la invalidación de juicios sumarísimos y sentencias condenatorias.

Los socialistas quieren que el Ejecutivo "transmita la preocupación de España por la oleada e detenciones, juicios sumarios y sentencias condenatorias" al Gobierno de Cuba, y pida "la liberación inmediata de estas personas", reiterando la posición de la UE sobre la Isla, "especialmente en lo que se refiere a la necesidad de un aumento del respeto de los derechos humanos en este país".

Por su parte, IU condena las ejecuciones sumarias, reafirma su rechazo a la pena de muerte en cualquier lugar y circunstancia, solicita la revisión de los juicios con plenas garantías y la puesta en libertad delos condenados; y pide al Gobierno que exprese su firme protesta ante las condenas por actividades que "en cualquier país democrático están amparadas por las libertades fundamentales de expresión, reunión y manifestación".

Asimismo, rechaza "los secuestros de personas, aviones y embarcaciones, así como las actividades políticas de los representantes de EE.UU. en La Habana y sus intentos de desestabilización de las instituciones cubanas", y condena la vulneración de los derechos humanos de los prisioneos de Guantánamo.

Finalmente, el BNG pide al Gobierno español a que exprese al régimen castrista "el rechazo" a la aplicación de la pensa de muerte, en cualquier caso, "incluidos aquellos considerados como delitos", y que emplace a Castro a reconsiderar las penas. Además demanda a la Administración Bush el "cese de su política de injerencia en los asuntos internos de Cuba y de la política de hostigamiento económico".