Los cuatro ya fueron condenados en su día a un año y ocho meses de inhabilitación y a pagar una multa de 30.000 euros, pero el Supremo anuló el juicio y ordenó repetirlo con otra composición del tribunal, después de que los procesados recusaran a los magistrados Jesús María Barrientos y Carlos Ramos.

Frente a su defensa, el Ministerio Público defendió que esa inviolabilidad tiene límites y que no puede ser usada para eludir el cumplimiento de las leyes y de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional (TC). Además, la acusación recordó que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya ha fijado mediante sentencia que la inviolabilidad parlamentaria no excluye el control ni respalda actos parlamentarios que se aparten de la función del Parlamento.

Corominas afirmó en el juicio que el TC jamás dio instrucciones concretas ni dio respuesta a ninguna de las aclaraciones remitidas por el Parlament. Además, apuntó, el TC intentó que fuera la Mesa la que limitara la libertad de expresión de los parlamentarios, algo que consideró “muy grave” porque entre sus funciones no estaba la de monitorizar el contenido de las iniciativas parlamentarias sino sólo comprobar que ser ajustaban a los requisitos para su tramitación.

Anna Simó, por su parte, defendió esta misma tesis asegurando que los miembros de la Mesa no podían “entrar en el contenido porque eso afecta a los derechos fundamentales de los diputados” y apuntó que las resoluciones del Constitucional eran poco concretas. Al igual que su predecesor en declarar, aseguró que no era su intención vetar el debate parlamentario.

Ramona Barrufet defendió que su labor como miembro de la Mesa era “admitir a trámite las diferentes iniciativas parlamentarias” y defendió que “no se puede alterar el derecho de los diputados a presentar las iniciativas que consideren”. En ese sentido, reprochó que se intentara convertir a los miembros de la Mesa en “censores” y defendió la imparcialidad de todos ellos.

Finalmente, Lluís Guinó defendió también la legalidad de su actuación y recordó que en la proposición de ley del referéndum, “los miembros de la mesa acordamos que no firmaríamos la iniciativa parlamentaria porque no queríamos condicionar ni limitar la iniciativa parlamentaria de los otros diputados”.