Así lo contempla la Ley de Información Clasificada cuyo anteproyecto aprobó este lunes en primera vista el Consejo de Ministros, y que explicó en la rueda de prensa posterior el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, destacando que “por primera vez” esos ciudadanos afectados podrán solicitar la desclasificación de un documento y recurrir su eventual denegación.

Bolaños presentó el anteproyecto como cumplimiento de la promesa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Debate sobre el estado de la Nación, y del Plan Normativo Anual aprobado a comienzos de año, y la describió como una ley “avanzada y garantista”, que reemplaza a la preconstitucional de 1968 y se homologa a “los mejores estándares” de las legislaciones de países del entorno español, que, recordó, también tienen normas que protegen la información que pueda afectar a la seguridad nacional o a funcionarios concretos.

Más adelante citó los plazos fijados para la desclasificación por países como Francia, Italia, Alemania, Bélgica y Dinamarca para apuntalar esta equiparación y contrarrestar las críticas de formaciones como Unidas Podemos, EH Bildu y el PNV al tope de 50 años prorrogables por otros 15 para desclasificar los documentos que se cataloguen como de alto secreto. Los simplemente secretos tendrán un plazo de 40 años prorrogables otros 10; los confidenciales, entre siete y diez años; y los restringidos, entre cuatro y seis. “Los plazos son revisables en cualquier momento si se entiende que no afectan a la seguridad nacional”, aclaró.

El ministro detalló que, en ocasiones, no será un límite temporal el que determine la desclasificación, sino hechos como el final de una guerra o la muerte de una persona.

Bolaños confirmó que la competencia para situar cada documento en una categoría u otra la tendrá una Autoridad Nacional, compuesta por los ministros y otros cargos como los directores del CNI, la Policía Nacional o la Guardia Civil; un elenco no colegiado, sino en el que cada miembro será responsable de los papeles clasificados por la institución correspondiente.

Esta Autoridad también desarrollará los procedimientos para clasificar, desclasificar y, en su caso, reclasificar los documentos; se encargará de la protección de los mismos y también de los aportados por otros países, y “emitirá habilitaciones” cuando considere que una persona determinada puede acceder a uno concreto.

Bolaños explicó también que se elaborará un “régimen transitorio” para toda la información clasificada actualmente hasta que la Ley entre en vigor a los seis meses de ser refrendada por las Cortes Generales; un volumen que reconoció que es mayor que el de otros países, por ser toda la documentación acumulada desde 1968 y haber regido “un criterio amplio” para clasificar; una documentación a la que por tanto no se puede dar un tratamiento unánime, sino estudiando caso por caso.

Según dijo, la citada Autoridad Nacional tendrá que decidir si desclasifica de oficio esos documentos. De lo contrario, Bolaños auguró que, si alguien lo solicita, “la regla general será que se permita”, salvo si su contenido afecta a la seguridad nacional o a la integridad de una persona. La conocida como comisión de secretos oficiales del Congreso de los Diputados encauzará las peticiones de desclasificación de los parlamentarios.

A preguntas de los periodistas, Bolaños precisó que no habrá un régimen especial para la documentación relativa a la Casa Real ni a ninguna otra institución. Sobre las críticas de los grupos en los que debería sustentarse la aprobación parlamentaria de la Ley, el ministro de momento dijo que “el Gobierno respeta todas las opiniones”, pero vaticinó: “Seguro que lograremos sacarlo adelante”. Y luego: “Seguro que habrá una mayoría parlamentaria rotunda que apueste por una norma constitucional y europea”. Es más, concretó que su previsión “óptima” es que la Ley se apruebe a finales de año o principios del próximo.