En concreto, desde CSIF señalaron aspectos como la "falta de concreción en la regulación de las figuras más transcendentes", lo que, a su juicio "podría significar una vulneración del principio de reserva de Ley y una falta de garantías en la necesaria negociación colectiva"; la ausencia de una reserva presupuestaria para la implementación de las mejoras de la ley; la ausencia también de alusiones a la recuperación del abono íntegro de las pagas extraordinarias; o la no implementación de la jornada de 35 horas.

Además, desde CSIF recordaron que los trabajadores públicos acumulan una pérdida de poder adquisitivo del 6,8% desde la firma del acuerdo salarial en 2022 entre Gobierno, CCOO y UGT, teniendo en cuenta el último dato del IPC correspondiente al mes de junio y señalaron que esta pérdida de poder adquisitivo se eleva al 20% desde los recortes de 2010.