El sindicato, presidido por Miguel Borra, recordó que ya presentó al Ejecutivo en septiembre del pasado año la petición para establecer los coeficientes reductores y rebajar la edad de jubilación de los trabajadores de los servicios de Salud.

Ante el silencio del Gobierno, CSIF presentó el pasado mes de enero una nueva solicitud recordando además a la Administración que su obligación era responder a estas peticiones, ya que la solicitud fue anterior a la promulgación de la ley 21/2021, de 28 de diciembre, de garantía del poder adquisitivo de las pensiones.

El establecimiento de los coeficientes reductores pedido por CSIF afecta a todos los trabajadores y trabajadoras de los Servicios de Salud: médicos, enfermeros, técnicos en cuidados de auxiliares de enfermería (TCAE), celadores, personal administrativo etc., ya que el conjunto de los trabajadores puede cumplir con los criterios de toxicidad, peligrosidad, insalubridad e índices elevados de morbilidad o mortalidad según su puesto y lugar de trabajo, como se demostró con la pandemia de la covid-19.

Para CSIF, “este silencio injustificado y la situación de maltrato e incomprensión que sufre el personal de la sanidad es el pago del Gobierno al acuerdo alcanzado con los sindicatos de clase por el que se introducen nuevos recortes a las pensiones”.

CSIF recordó que la propia ley 21/2021, de 28 de diciembre, de garantía del poder adquisitivo de las pensiones, recoge explícitamente que “(…) cuando el procedimiento afecte al personal de las administraciones públicas, la iniciativa corresponderá conjuntamente a las organizaciones sindicales más representativas”.