El sindicato mayoritario en la administración pública subrayó que los acuerdos que ha alcanzado el PSOE para lograr la investidura de Pedro Sánchez pueden generar “desequilibrio económico entre territorios y debilitar la calidad de los servicios públicos”, por lo que CSIF “velará por la seguridad jurídica y las condiciones laborales de los empleados públicos”.

CSIF explicó que la máxima garantía de un Estado de derecho se sustenta en “la separación de poderes y el sometimiento de todos los ciudadanos al imperio de la Ley sin distinción alguna”, lo que impide el abuso de poder y garantiza la igualdad de todos los ciudadanos ante el ordenamiento jurídico y recalcó que “toda actuación encaminada a su debilitamiento supondrá la quiebra del Estado de derecho”.

Por ello, CSIF rechazó la “tutela política” que “se pretende dar a uno de los poderes del Estado, así como la quiebra del principio constitucional básico de igualdad de todos los ciudadanos ante la Ley”.

CSIF denunció que la ejecución del contenido de los distintos acuerdos de Gobierno generará “mayor desigualdad entre la ciudadanía”, pudiendo así “socavar” el marco constitucional que “obliga al Estado a garantizar el principio de solidaridad, velando por un equilibrio económico adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, para garantizar la igualdad de todos los ciudadanos”.

El sindicato exigirá que los Presupuestos Generales del Estado “garanticen la justicia económica para todos los territorios, que se lleven a cabo las reformas estructurales necesarias para el refuerzo de los servicios públicos y que se garanticen y mejoren las condiciones laborales y salariales de los empleados públicos que los prestan”.

Además, alertó que adoptará “cuantas medidas sean necesarias” para evitar que el Estado, cuya obligación es “garantizar la igualdad de todos los españoles”, “renuncie a competencias exclusivas en materia de legislación laboral, régimen jurídico de las administraciones públicas y del régimen estatutario de los empleados públicos, titulaciones universitarias, así como en materia de Seguridad Social”.

Además, CSIF intensificará su actividad con las distintas instituciones del Estado, los órganos de Gobierno y Parlamentos de las comunidades autónomas y en la Unión Europea, a través de la Indepent Trade Unions (CESI), de la que CSIF forma parte.

El sindicato señaló que los empleados públicos “trabajan siempre para garantizar la equidad en el acceso a los servicios públicos” y que las administraciones son “garantes de los principios que sustentan nuestro modelo de Estado social, democrático y de derecho”.

CRÍTICAS

La organización también se mostró en contra de las “cesiones de impuestos a determinados territorios, que detraigan recursos para el Estado y provoquen diferencias en la calidad de la prestación de los servicios públicos”, las “modificaciones ‘a la carta’” del Estatuto de los Trabajadores y la “pérdida de competencias exclusivas del Gobierno en materia de empleo público”.

También rechazó “la cesión de la gestión económica de la Seguridad Social, la ruptura de la caja única y de los acuerdos del Pacto de Toledo” y el “privilegio explícito” de determinados territorios como interlocutores directos ante la Unión Europea.

Por último, cargó contra “la cesión de la competencia exclusiva del Estado sobre la homologación de títulos universitarios, rompiendo el sistema único universitario que afectará a la igualdad de acceso al empleo público y el ejercicio de profesiones con habilitación específica” y contra la “fragmentación de la formación sanitaria especializada, que quebrará la homogeneidad y la calidad en el Sistema Nacional de Salud”.