Así lo anunció en un comunicado publicado este martes, en el que el sindicato presidido por Miguel Borra volvió a denunciar que el texto llega “con 15 años de retraso” y que la redacción actual “está muy lejos de cumplir con los requisitos mínimos que debería tener una ley de esta magnitud”.

Para CSIF, muchos aspectos fundamentales de los funcionarios se regulan en esta ley “de forma deficiente e incompleta”, e incluso “otras cuestiones esenciales ni siquiera están recogidas”. Además, el sindicato deplora que carezca de dotación presupuestaria, “limite el derecho a la movilidad” y favorezca “el enchufismo del personal directivo”.

“En este sentido, hemos trasladado a los grupos parlamentarios un documento con 32 enmiendas para que las defiendan durante la tramitación del proyecto de ley y de esta forma se garantice que la futura norma recoge las citadas reivindicaciones históricas del conjunto de trabajadores públicos”, señala la nota divulgada.

Entre las propuestas de CSIF, figura “la obligatoriedad” de la evaluación de desempeño para todos los empleados públicos, así como que tenga “efecto directo” en la carrera profesional. Asimismo, para prevenir el “enchufismo”, el sindicato quiere que los nombramientos y ceses de personal directivo se realicen “según los méritos del candidato y no por libre designación”.

También pretende que introduzcan enmiendas para que la jornada general de trabajo en la Administración General del Estado (AGE) sea de 35 horas semanales, y para que se desarrolle el teletrabajo y se detalle las condiciones laborales bajo las que se realizará.

Por último, la organización reclama el derecho a la jubilación parcial anticipada para el personal funcionario, garantizar la igualdad salarial entre hombres y mujeres mediante el principio de no discriminación por razón de sexo en las retribuciones, y recoger el derecho a una excedencia para cuidado de hijo.

Tras este paso, CSIF iniciará en los próximos días una ronda de contactos con los diferentes grupos parlamentarios, a los que trasladará en persona su “preocupación por las actuales carencias” que presenta el proyecto de ley.