En rueda de prensa, el presidente de CSI-CSIF, Josep Lluís Bauzá, anunció que las asesorías de su sindicato prestarán asistencia a los funcionarios que se sientan acosados y aseguró que la Administración es "un lugar propicio para este tipo de políticas abusivas".

Bauzá pidió a los grupos parlamentarios que reformen el Código Penal para tipificar cmo delito el acoso psicológico en el trabajo y reclamó al Ministerio de Justicia, al Consejo General del Poder Judicial y a las comunidades autónomas que tienen transferida las competencias de justicia que apliquen un sistema disciplinario contra los acosadores.

Según el dirigente sindical, la "estructura obsoleta obsoleta de la Administración" facilita el acoso a los funcionarios sobrecargados de trabajo, tanto por parte de sus superiores como de sus compañeros.

El acoso se traduce, según explic, en "trato degradante, denegación de permisos y licencias, cambios en periodos de vacaciones, informes negativos, apertura de expedientes disciplinarios con poco o con ninguna base, y la falta de presunción de inocencia del propio funcionario afectado por esos expedientes".

Según la documentación facilitada por CSI-CSIF, los expertos estiman que existen hasta 45 formas distintas de ejercer el "mobbing", que van desde no hablar con la víctima, no adjudicarle trabajo o darle más del que puede realizar,hasta ridicularizar su aspecto o hacer circular calumnias sobre su vida privada.

Asímismo, reconocen que el acoso psicológico en el trabajo puede tener graves repercusiones en la salud, como la anorexia, el riesgo de infarto debido a la tensión acumulada, agravamiento de la diabetes, inhibición del sistema inmune que puede propiciar el desarrollo de enfermedades como el cáncer, o el tabaquismo y la adicción al alcohol.