Según denuncia CSIF, dicha sanción supondrá que los 2.600 empleados de la compañía dejen de ingresar 10 millones de euros, en variables salariales correspondientes a 2024.

Para CSIF, dicho retraso no debería acarrear consecuencias sobre las nóminas de la plantilla ya que además sostiene que la multa es injustificada dado que gran parte de los retrasos se debieron al impacto de la pandemia, el confinamiento y la crisis de proveedores, así como a la falta de vías para realizar las pruebas de maquinistas.

Además, defiende que el Gobierno declaró a Talgo empresa estratégica durante la pandemia por lo que considera que “no parece de recibo que se vean perjudicadas sus nóminas después de la labor y el esfuerzo realizado por la plantilla en este periodo”.

De hecho, aunque la huelga es en Talgo, CSIF reclama una reunión con la Presidencia de Renfe y advierte de que los paros podrían llegar a afectar al funcionamiento de 22 líneas ferroviarias, las que utilizan trenes del fabricante vasco.