Según la última estadística, con fecha 15 de agosto, los centros penintenciarios esañoles registran una cifra de 54.910 internos, la mayor población carcelaria desde que se aprobó la Constitución y un 37% superior a la que había en 1990, donde la población reclusa ascendía hasta los 33.035.

Ante esta situación, el sindicato exigió, en un comunicado, la intervención de las diferentes Administraciones para paliar este problema y señalaron que las prisiones no pueden más, "no cabe ni un alfiler. En algunos centros el hacinamiento es de tal magnitud que es imposible cumplir la máxima leal de un interno por cada celda".

En este sentido, el CSI-CSIF augura un empeoramiento de la situación debido, principalmente, a las reformas aprobadas por el Gobierno en materia penal (reformas de la prisión preventiva y cumplimiento íntegro de las penas).

En diciembre del año 2000, la cifra de internos era de 45.370, el 31 de enero del año en curso, el número de personas presas en España ascendía hasta las 52.524, es decir, en dos años se ha producido un aumento de 7.154 internos, 3.577 por año

El plan de construcción de las cuatro nuevas prisiones, con capacidad para 1.008 internos cada uno, anunciado por el Ejecutivo "no soluciona el problema existente, ya que estos centros no estarán operativos hasta el 2006".

Además, la situación se ve agravada porque las medidas más urgentes, como el aumento de la dotación de plantilla, no son valoradas por los responsables de Interior. "En los departamentos de muchos centros se está trabajando con dos funcionarios al cargo de 200 presos", concluy.