El próximo día 27 se cumplen diez meses desde que el ex director general de la Guardia Civil Luis Roldán fue detenido por funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía enBangkok (Tailandia), después de una fuga que duró 305 días.

Desde su llegada a España, en la mañana del 28 de febrero, el que fuera el prófugo más buscado de España ha permanecido internado en la cárcel de Brieva (Avila) por orden de la titular del Juzgado de Instrucción número 16 de Madrid, Ana María Ferrer, encargada del 'caso Roldán'.

Tras cerca de un año de fuga, en la que la captura del anterior máximo responsable de la Benemérita se convirtió en un objetivo prioritario para el Gobierno, la etención de Roldán y su traslado a España pasó, en cuestión de horas, de ser un gran éxito policial a convertirse en uno de los mayores escándalos que conmovieron al Ejecutivo y, en concreto, al ministro de Justicia e Interior.

Si Juan Alberto Belloch en persona fue el encargado de informar sobre la operación policial que permitió la detención, expresando su satisfacción por haber aprobado su "asignatura pendiente", también tuvo que ser el propio ministro quien se vio obligado a comparecer por segundavez en 24 horas ante los medios de comunicación para informar sobre las condiciones de la "extradición administrativa" desde Laos, tras desvelarse que ésta estaba condicionada a que fuera juzgado por sólo 2 de los 7 delitos que le imputaban.

Pero los sobresaltos de Belloch no finalizaron ahí. Un día después el escándalo volvió a planear sobre el 'caso Roldán', al confirmar el Gobierno de Laos que los documentos de extradición que acompañaron a Roldán a España en un sobre lacrado eran falsos, cuestión ue las autoridades españolas dijeron desconocer.

Sin embargo, la magistrada Ferrer dictó auto de procesamiento contra Roldán por la totalidad de los delitos que se le imputaban, decisión acogida con eufora en el Ministerio de Justicia e Interior. Por tanto el ex director de la Guardia Civil será procesado por delitos de malversación de caudales públicos, estafa, prevaricación, cohecho, falsedad en documento mercantil y contra la Hacienda Pública. Una condena por estos delitos podría sumar varias decens de años de cárcel.

A pesar de la incertidumbre sobre la validez de la entrega de Roldán, el procedimiento judicial contra el prófugo, iniciado tras las revelaciones periodísticas de "Diario 16", continuó y la jueza Ferrer, que había ordenado su ingreso en prisión tras su llegada a España, le citó a declarar el 2 de marzo.

DUDAS JURIDICAS

Amparándose en las dudas jurídicas creadas por la falsedad de los documentos de extradición, Roldán se negó a declarar ante la magistrada alegando que desconcía su situación jurídica y no sabía si había sido "secuestrado o detenido ilegalmente" por la policía.

Esta fue la primera salida de Roldán de la cárcel de mujeres de Brieva, en la que permanece encarcelado en una celda de 10 metros cuadrados en un módulo apartado del que ocupan el resto de las reclusas. En esta misma prisión estuvo también encarcelada su mujer, Blanca Rodríguez Porto, durante un mes y un día en 1994.

Sólo seis días después, Roldán fue llamado a declarar por el juez Baltasar Garón como testigo en el 'caso GAL' y en esta ocasión decidió "tirar de la manta", tal como había anunciado tras su fuga, acusando a sus superiores en el Ministerio de Interior de corrupción en el manejo de los fondos reservados.

Asimismo, acusó a Narcís Serra y Julián García Vargas de pagar con fondos reservados el denominado "informe Crillón", cuestión que posteriormente denunciaría ante el Tribunal Supremo pero que éste archivaría en julio pasado por considerar que no constituía delito.

Una seman después, Roldán volvió a declarar el 16 de marzo ante Garzón por la falsificación de los 'papeles de Laos', desvelando entonces que el ex diplomático Francisco Paesa negoció su entrega en nombre del Ministerio del Interior. La investigación de la falsedad por parte del juez Garzón se inició tras la presentación de una denuncia ante la Audiencia Nacional por parte de José María Ruiz-Mateos.

CONFLICTO

Sin embargo, poco después el propio Roldán presentó otra denuncia similar ante los juzgados de Madri, correspondiendo al Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid, lo que provocó un conflicto de competencias entre este juzgado y el de Garzón, finalmente dirimido por el Tribunal Supremo en julio pasado a favor de la justicia ordinaria.

A pesar de ello, Garzón volvería a encontrarse cara a cara con Roldán, a quien volvió a llamar en relación al 'caso GAL' el 3 de mayo pasado, inculpándole tras su declaración de encubrir pagos con los fondos reservados de Interior a los ex policías José Amedo y MichelDomínguez.

Todavía Roldán volvería a abandonar dos veces más su celda de la cárcel de Brieva para comparecer nuevamente ante un juez: la primera ante María José Coronado, que investiga el uso ilegal de los fondos reservados, para ratificar sus anteriores acusaciones contra los mandos de Interior, y posteriormente, el 19 de abril, en el Tribunal Supremo en relación al 'informe Crillón'.

Según Ferrer, Roldán se apropió de 1.187 millones de pesetas, de los que 352 procedieron de los fondos reservado, 728 en comisiones y 106 procedentes de estafas, y defraudó a Hacienda otros 815. Además, la jueza Ferrer, que le impuso una fianza de 1.500 millones, consideró que la falsedad de los 'papeles de Laos' no tenía trascendencia en el proceso penal seguido contra el prófugo.

En un intento por retardar el proceso judicial, Roldán presentó recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra el auto de detención dictado por la jueza Ferrer. El Alto Tribunal lo desestimó el 22 de septiembre por entende que había sido detenido legalmente y sin engaños.

Solucionado el farragoso asunto del procesamiento, Interior adoptó una decisión aplazada a causa del escándalo de los `papeles de Laos' y condecoró a todos los policías participantes en la detención durante la celebración del Día de la Policía, el pasado 2 de octubre.

A renglón seguido también se investigaba en el juzgado número 1 de Pamplona la relación en los negocios ilegales de Roldán del ex presidente navarro Javier Urralburu y su consejerode Obras Públicas, Antonio Aragón, para los que se decretó la prisión bajo fianza de 100 millones cada uno el pasado 1 diciembre.

Según la investigación judicial, ambos dirigentes autonómicos pudieron lograr más de 800 millones de pesetas en comisiones a empresas entre 1987 y 1991.

FONDOS RESERVADOS

Por su parte, la juez María Jesús Coronado, titular del Juzgado de Instrucción número 43 y encargada de investigar el uso de fondos reservados, dictó el pasado 25 de octubre auto de imputación contr el ex ministro de Interior, José Luis Corcuera; el ex secretario de Estado para la Seguridad, Rafael Vera, y el ex director de la Seguridad del Estado, Julián Sancristóbal, por malversación de fondos públicos.

Según los datos que obran en poder de la jueza, Corcuera había comprado joyas para regalar a las esposas de sus colaboradores entre 1990 y 1992, lo que el ex ministro reconoció y se mostró dispuesto a asumir penalmente.

Coronado está ahora tratando de reunir pruebas del pago de sobresueldo a los funcionarios de Interior antes de la llegada de Belloch, lo que apunta directamente a los entonces ministros y a Vera, que podía disponer de esas cantidades.

Ante la complejidad del caso, Coronado decidió el pasado mes de julio ampliar la investigación sobre el uso de los fondos reservados a todo el mandato del PSOE y se reunió en varias ocasiones con la magistrada del `Caso Roldán'.