El renacido 'caso GAL' finaliza 1995 cumpliendo el primer año de su agitada vida, iniciada en diciembre del pasado año cuando el juez de la Audiencia Nacional Baltasr Garzón reactivó la causa tras las "confesiones" de los ex policías José Amedo y Michel Domínguez sobre el secuestro de Segundo Marey.

Sus testimonios, motivados por la denegación de su ansiado indulto y por la decisión del ministro Belloch de retirarles los pagos que Interior les venía realizando a cambio de su silencio, supusieron una bomba cuyos efectos se han dejado sentir a lo largo de todo el año tanto en la vida judicial como en la política y todavía no han concluído.

Fue el 19 de diciembe de 1994 la fecha que marcó el inicio de unos agitados meses judiciales. Ese día, tras las declaraciones de Amedo y Domínguez, el juez Garzón ordenó el ingreso en prisión de varios personajes hasta entonces "intocables", el primero de ellos el ex director general de la Seguridad del Estado acusado de los delitos de detención ilegal, asesinato frustrado y malversación de caudales públicos.

A Sancristóbal le siguieron pocas horas después el ex comisario Miguel Planchuelo y el ex jefe del Mando Unico dela Lucha Antiterrorista Francisco Alvarez, quienes, al igual que el resto de los detenidos, negaron rotundamente en sus primeras declaraciones ante el juez cualquier relación con los GAL.

El rosario de detenciones y encarcelaciones ordenadas por el juez Garzón prosiguió en los primeros meses de este año con el ingreso en prisión en enero del ex secretario personal de Rafael Vera, Juan de Justo, a quien imitarían un mes después su jefe y el ex dirigente socialista Ricardo García Damborenea.

Según ndicó el juez de la Audiencia Nacional en el auto de procesamiento que dictó el pasado 18 de abril, fueron Damborenea, Sancristóbal, Alvarez y Planchuelo quienes crearon los GAL "respaldados y autorizados por algún responsable del Ministerio del Interior". Este departamento, a juicio del magistrado, financió la organización a través de sus fondos reservados, cuya gestión correspondía a Rafael Vera.

Tras unos meses en los que Garzón prosiguió sus investigaciones realizando numerosas diligencias y en lo que la mayoría de los procesados, excepto Sancristóbal, Vera y Planchuelo, que serían los últimos en abandonar la cárcel, fueron logrando la libertad bajo cuantiosas fianzas, el 'caso GAL' volvió de manera destacada a las primeras páginas de los periódicos. El pasado mes de julio cuando se produjo, de manera inesperada, el "arrepentimiento" de todos ellos, excepto Vera.

Las revelaciones de Sancristóbal, García Damborenea, Planchuelo y Alvarez, fundamentalmente, asumiendo su participación en los GAL eimplicando directamente a José Barrionuevo y a Felipe González en la 'guerra sucia' contra ETA, significaron un paso hacia arriba en la investigación llevada por el juez Garzón, quien se quedó a las puertas de Moncloa.

AFORADOS

Estos testimonios también revelaron la existencia de dos "bandos" entre los procesados en el 'caso GAL'. Por una parte los "colaboracionistas" con Garzón y, por otra, quienes siguieron negando cualquier relación con los GAL, encabezados por Vera, también supusieron que el jue Garzón tuviese que abandonar la instrucción de la causa al aparecer en la investigación cuatro aforados: González, Barrionuevo, Narcís Serra y José María Benegas.

Así, a finales del pasado mes de julio, el 'caso GAL' cruzó la madrileña Plaza de la Villa de París, que separa las sedes de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo. La intrucción fue asumida por el magistrado del Alto Tribunal Eduardo Móner, quien fue tomando declaración a lo largo de los últimos meses a los procesados en la causa.

Sin embargo, el momento clave de la investigación realizada por el Alto Tribunal se produjo el pasado mes de octubre, cuando el juez Móner, a la vista de las declaraciones de los procesados, decidió solicitar el suplicatorio de Barrionuevo para tomarle declaración como imputado. Esta declaración se produjo el 13 de diciembre.

A la vista de su versión, completamente contradictoria con la de sus antiguos subordinados, el magistrado sometió al ex ministro a sendos careos con Sancristóbal y Alvarez, aunue aplazó cualquier decisión sobre la situación procesal de Barrionuevo hasta los primeros días del próximo año, dado que decidió practicar nuevas diligencias.

A medida que se desarrollaba la investigación, los servicios de inteligencia españoles se vieron involucrados en la guerra sucia contra ETA, primero con las revelaciones de García-Damborenea sobre el denominado "acta fundacional" de los GAL elaborado por el CESID y posteriormente con la aparición en escena del ex espía Juan Alberto Perote.

Las revelaciones del coronel, quien permanece en prisión por orden del juez militar Jesús Palomino como presunto responsable de la sustracción de microfichas del CESID, sobre los documentos de "La Casa" sobre los GAL, apuntaron a una presunta colaboración de los servicios de inteligencia con esa organización, delito por el que el juez Garzón imputó a Perote y su ex jefe, Emilio Alonso Manglano, en otra de las causas abiertas sobre los GAL, el 'caso Monbar'.

Paralelamente, el magistrado fue reclamando l CESID en reiteradas ocasiones que le entregase los documentos mencionados por Perote, a lo que Defensa se negó también reiteradamente alegando que se trata de documentos secretos.

Este "rifi-rafe" entre Garzón y ese departamento desembocó en un conflicto de jurisdicción cuya resolución fue rotunda a favor de las tesis gubernamentales, otorgando al Consejo de Ministros la última palabra para entregar o no documentos clasificados a la Justicia.

INTXAURRONDO

Tampoco el cuartel de Intxaurrondo y u histórico responsable, el ahora general Enrique Rodríguez Galindo, se hasn librado de acusaciones que les implican en la `guerra sucia' contra ETA. Especialmente, tras la identificación de dos cadáveres aparecidos hace 10 años en Busot (Alicante) como los de los presuntos etarras José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, secuestrados, torturados y enterrados en cal viva.

Estas muertes fueron atribuídas, según informaciones periodísticas, a guardias civiles de la comandancia de San Sebastián, quienes ueron prestaron declaración ante el juez de la Audiencia Nacional Carlos Bueren, el cual, sin embargo, no adoptó hasta la fecha ninguna medida cautelar contra los agentes.

Ese cuartel también se vió involucrado en la muerte de la etarra Lucía Urigoitia, tras la difusión de otras informaciones que aseguraban que la Guardia Civil falsificó pruebas sobre ese hecho, para ocultar que la etarra murió de un tiro en la nuca, haciendo parecer que la muerte se produjo durante un enfrentamiento con la Benemérita

A estas informaciones se unieron más tarde una nota de despacho elaborada por Perote, en la que éste informaba a sus superiores de la supuesta manipulación, motivo por el que fue citado a declarar como imputado por el juez de San Sebastián Justo Rodríguez, quien reabrió el caso el pasado mes de julio. Sin embargo, en su comparecencia ante el magistrado, el coronel aseguró que dicha información era de escasa fiabilidad.

Estos no serían los únicos escándalos que salpicarían al cuartel de Intxaurrodo a lo largo de este año: la comandancia de San Sebastián volvió a estar envuelta en las sospechas a raiz de otras informaciones sobre la muerte del etarra Mikel Zabalza que afirmaban que éste pereció cuando era torturado en esas dependencias mediante el método de la "bañera", frente a la versión oficial que indica que murió ahogado en el río Bidasoa cuando huía de las fuerzas de seguridad.

Estas sospechas se acentuaron tras unas acusaciones del casi "omnipresente" coronel Perote, quien aseguró que e CESID destruyó documentos con información comprometedora para la Guardia Civil sobre esa muerte, versión que fue desmentida por el ministro de Defensa.