El escrito es la respuesta a una pregunta del diputado de CiU Carles Campuzano, que se interesaba por las previsiones de iniciar una estrategia para condicionar esos créditos a criterios de responsabilidad social corporativa y de derechos humanos.

El ICO actúa como administrador por cuenta del Estado, tanto en las operaciones que se financian con cargo al Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD), como en los Contratos de Ajuste Recíproco de Intereses.

El Gobierno no habla de "condicionar" y tampoco utiliza en su respuesta la expresión "responsabilidad social corporativa", pero recuerda que el ICO actúa por cuenta del Estado y ejecuta decisiones del Gobierno, adoptadas a través del Consejo de Ministros o de la Secretaría de Estado de Turismo y Comercio.

Siguiendo instrucciones de esa Secretaría, explica, el ICO ha introducido ya en los convencios de créditos FAD cláusulas que luchan contra la corrupción de funcionarios públicos extranjeros.

La Secretaría está impulsando también "la adopción de un código de buenas prácticas de las empresas que realicen proyectos financiados con cargo al FAD, código extensible a la totalidad del crédito total a la exportación".

"Se está impulsando la adopción, por parte de organizaciones empresariales o grupos de empresas, un código de comportamiento que les obligue a actuar conforme a los principios de buena fe y responsabilidad en sus actuaciones", concluye el Gobierno.