Hace medio año entró en vigor una modificación de leyes civiles y procesales que afectan a miles de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y a sus familias. Crearon el observatorio para realizar un seguimiento del impacto en la aplicación de la reforma y, según la responsable del Área Jurídica de Plena inclusión, Inés de Araoz, es un gran avance porque les “permitirá conocer de primera mano cómo se está aplicando la reforma legislativa y su impacto legal en la vida de las personas con discapacidad intelectual y sus familias”.

La ley marca un periodo de tres años para revisar las situaciones anteriores a la entrada en vigor de la reforma, por lo que se abre ahora un periodo de especial importancia a la hora de observar cuál está siendo el proceso de implantación de la misma.

El análisis de esta aplicación, tanto en lo que se refiere a la transformación y adaptación de las situaciones jurídicas previas a la ley, como en lo que se refiere a la creación de nuevas situaciones, permitirá extraer parámetros de funcionamiento para los operadores jurídicos, detectar insuficiencias en sus metodologías que pueden dar lugar a exigencias de formación e, incluso, carencias de la legislación que originen nuevas propuestas legislativas.