Costa explicó que el retraso en el levantamiento de actas y en la posterior formulación de la liquidación definitiva que tuvieran que abonar los supuestos defraudadores son la causa de que hayan prescrito 600 expedientes.

La jurisprudencia dictada por el Tribunal Supremo (que emitió sentencia al respecto en febrero del año pasado) indica que, si el proceso de inspección permanece paralizado por espaco de más de seis meses, la deuda que se descubriera en la actuación prescribe.

El responsable de Hacienda reveló que un informe encargado por él a la Agencia Tributaria desvela retrasos medios superiores a dos años en la actuación de la inspección, que en casos importantes ha llegado a superar los cinco años. Tachó estas dilaciones de "injustificables".

El informe achaca los retrasos a "la defectuosa organización de la inspección y al déficit de medios personales y materiales", según las palabrasde Costa. Puso además de manifiesto que la inspección informó en varias ocasiones de este problemas y que "no se tomaron las medidas oportunas por el anterior Ministerio".

El secretario de Estado aseguró que en cualquier caso "no hay responsabilidad de los funcionarios de la Agencia Tributaria", y que sólo se pueden pedir explicaciones políticas al anterior Gobierno.

FRAUDE DE LAS PRIMAS UNICAS

En cuanto a los 600 expedientes en los que se ha descubierto la deuda de 200.000 millones, el responsble de Hacienda agregó que el 70% de los mismos se corresponden a casos famosos y que en su mayor parte se corresponden a fraude descubierto en las retenciones por IRPF y en el Impuesto de Sociedades.

La mayoría de los casos que no se podrán cobrar se descubrieron en Madrid y Barcelona. Costa citó el caso del fraude de las primas únicas, por el que el Estado no podrá percibir 60.000 millones de pesetas de deuda detectada.

El director de la Agencia Tributaria, Jesús Bermejo, señaló que el 90% de ls casos prescritos se han dado en la Oficina Nacional de Inspección (que se encarga de verificar las obligaciones fiscales de grandes empresas del territorio nacional), mientras que el 10% restante se corresponde a la Delegación Especial de Madrid.

PLAN DE ACTUACION

Ante esta situación, Costa, que dejó claro que "a partir de mayo (fecha en la que se produjo el relevo en el Gobierno) no ha prescrito ni un solo expediente", anunció que ha preparado un paquete de medidas para hacer frente a este problea.

Esta iniciativa pretende emprender una reasignación para dotar a la inspección tributaria de los medios precisos, así como la informatización de este departamento y el control continuo de las actuaciones emprendidas, para saber en todo momento en qué fase se encuentran.

Asimismo, Hacienda se propone agilizar los plazos de actuación, de forma que la resolución de los expedientes se haga en un plazo medio inferior a 90 días, y que en todo caso no supere el año. El secretario de Estado añadió queél mismo ha pedido su comparecencia ante el Congreso de los Diputados para explicar este problema.

El origen de esta polémica está en la sentencia de febrero del Tribunal Supremo, en la que considera como computable el plazo que transcurre entre el levantamiento de acta por parte de la inspección y la realización de la liquidación definitiva. Es por este hecho por el que gran parte de los expedientes que han prescrito han superado los seis meses de paralización.

El plan de lucha contra el fraude probado en los últimos meses por el Gobierno se propone acabar con la paralización de los expendientes y que, en todo caso, la resolución de los mismos no supere el año de plazo.