En declaraciones a Servimedia, Cardenal manifestó que es de lamentar que "más de la mitad de la población mundial" no haya ratificado el Estatuto de Roma de 1998 para la creación de dicho tribnal.

Cardenal se refirió así al hecho de que entre los 66 países que ratificaron el mencionado acuerdo no se encuentran ni Estados Unidos, ni Israel, ni China, ni Rusia, entre otros.

"Lo más negativo es la actitud de los Estados Unidos, que han manifestado su oposición frontal y activa a la Corte", añadió. "Sin duda, todo ello supone un lastre manifiesto para un eficaz funcionamiento de la Corte".

El fiscal general del Estado agregó que el "flujo histórico en favor de una instancia judicial nternacional es tan intenso que hay que pensar que arrastrará a quienes hasta ahora lo han visto con reticencia y aun con manifiesta hostilidad".

Tras señalar que la eficacia de la CPI "dependerá, en buena medida, de su real universalidad", Cardenal aseguró que "no cabe minimizar su importancia decisiva en la lucha contra los crímenes que atentan contra la Humanidad".

El fiscal general del Estado destacó que, en el ámbito penal, el Derecho Internacional "ha cambiado notablemente su faz: de un pricipio soberanista y territorialista tradicional se ha pasado nada menos que a la renuncia de los estados nacionales a su propio fuero jurisdiccional en el ámbito penal, en favor de un tribunal con competencia universal".

En su opinión, la CPI hay que verla como un paso más en la salvaguarda de los derechos humanos y su creación aporta un "elemento indispensable en lo jurídico: la sanción de las contravenciones". "Es de esperar que buen número de violaciones, hasta ahora impunes, sean ya castigadas". Según Cardenal, la creación de la CPI supondrá para España "la realización de un deseo largamente sentido". "Ha tenido que esperarse casi un siglo para que finalmente fuera realidad un Código Penal Internacional y un tribunal para su aplicación. A buen seguro que nuestra sólida cultura jurídico penal se verá enriquecida por la actuación de esta corte".

La Corte Penal Internacional, con sede en La Haya (Holanda), deberá investigar y juzgar a las personas acusadas de crímenes de guerra, contra la humnidad y de genocidio.

Este tribunal sólo podrá actuar contra personas pertenecientes a los países que han ratificado el Tratado de Roma de 1998, siempre y cuando los estados afectados no juzguen los crímenes denunciados.