La Corte Penal Internacional, con sede en La Haya (Holanda) y que defenderá los derechos humanos, entrará en vigor mañana, día 1, después de que 66 países ratificaran, el pasado mes de abril, el Estatuto de Roma para lacreación de este tribunal (1998).

"A partir de ahora, ignorar los Derechos Humanos de los ciudadanos, ser dictador genocida o asesinar en masa, puede salir caro", ha manifestado Fungairiño a Servimedia.

En su opinión, la CPI "es la plenitud del Derecho Penal Internacional y de la cooperación judicial de los Estados soberanos entre sí, y con una instancia judicial supranacional y plenamente soberana".

Para el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, "decidido partidario" de la creación de la CPI este nuevo tribunal es "un gran logro para la justicia y para la humanidad".

"Debo decir que desde los primeros momentos los fiscales de la Audiencia Nacional pedimos la creación de ese órgano, como medio de evitar la impunidad de los dictadores criminales que no eran juzgados en su propio país", añadió.

Para Fungairiño, antes de la creación de la CPI, cuando se pretendía juzgar a un presunto genocida fuera de su país, "nos encontrábamos con que ese otro Estado carecía de jurisdicción.

En ete sentido, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional recordó que el artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas establece la igualdad soberana de todos los Estados miembros, lo que impedía que un páis juzgara los crímenes cometidos en otro. "Pero ahora, al existir una jurisdicción supranacional, no se podrá negar el enjuiciamiento de los responsables de crímenes de genocidio, lesa humanidad y otros", sentenció.

La CPI deberá investigar y juzgar a las personas acusadas de crímenes de guerra, contra lahumanidad y genocidio cometidos a partir del 1 de julio.

Este tribunal sólo podrá actuar contra personas pertenencientes a los países que han ratificado el Tratado de Roma de 1998, siempre y cuando los Estados afectados no juzguen los crímenes denunciados.