La comunidad castellano-manchega defiende la fórmula de vivienda público-privada que recoge el plan porque, a su juicio, cubre las necesidades del promotor y del comprador, buscando los puntos de encuentro, agilizando la tramitación del suelo y logrando hipotecas más baratas y líneas de financiación para los promotores.

En la región hay un registro de 45.000 demandantes de este tipo de viviendas, según datos del Ejecutivo regional. La Junta subraya que con el pacto las parejas cuyos ingresos totales no lleguen a los 2.000 euros mensuales podrán pagar una casa por 130.000 euros con hipotecas entre 600 y 800 euros y unos 70 metros cuadrados.