La aportación concreta de los beneficiarios será establecida por el Gobierno y las Comunidades Autónomas en el Consejo Territorial del Sistema Nacional de Dependencia, una vez esté aprobada la ley, que Caldera pactó con los partidos de izquierda y que cuenta con la mayoría necesaria para salir adelante en el Congreso.

Caldera, quien calificó a la nueva Ley de Dependencia como "una revolución social", anunció que, a partir de enero de 2007, los españoles dependientes (más de 1.100.000) que lo soliciten serán evaluados para determinar su grado y nivel de dependencia y las prestaciones a las que tienen derecho.

El Gobierno aportará más de 12.638 millones de euros para poner en marcha el Sistema Nacional de Dependencia, que priorizará la prestación de servicios: ayuda a domicilio, centros de día y de noche, teleasistencia, ayudas técnicas yplazas residenciales, además de las prestaciones económicas que reciban las personas, mayoritariamente mujeres, que atienden a las personas dependientes en el entorno familiar.

Las prestaciones económicas vinculadas a la contratación del servicio se renocerá en caso de que no se disponga de la oferta pública de servicios que requiera el beneficiario, en función de su grado de dependencia. La cuantía de la misma estará en relación con el grado de dependencia y de la cuantía económica del beneficiario.

CUIDADOR FAMILIAR

Las compensaciones económicas por cuidados en el entorno familiar se contemplan de modo excepcional y el cuidador familiar deberá estar dado de alta en la Seguridad Social para percibirla. Será el reglamento de la norma la que marque la cantidad que percibirán los cuidadores familiares.

La financiación del sistema correrá a cargo del Estado y de las Comunidades Autónomas. El objetivo es pasar del 0,33% del PIB que se dedica en la actualidad a la dependencia a más del 1% en 2015. En esta fecha, el erario público pagará de media por cada persona atendida 375 euros mensuales.

El Gobierno financiará íntegramente la cobertura básica común para todo el Estado. "Ningún beneficiario dejará de recibir atención por falta de recursos", señaló Caldera. El segundo nivel de atención a las personas dependientes será cofinanciado por el Estado y las Comunidades Autónomas.

Caldera remarcó que la nueva norma articula un modelo de financiación estable, suficiente y sostenido en el tiempo "como condición fundamental para hacer efectivo el ejercicio de este nuevo derecho".

Recordó Caldera que "el 22% de los mayores de 65 años viven solos en la actualidad. A partir de ahora, los abuelos dejarán de vivir en soledad", agregó, antes de pedir la colaboración de todas las Comunidades Autónomas porque "éste es un proyecto hecho por todos, para todos los españoles que más lo necesitan".