La organización señaló que así lo creen los expertos que se han reunido en Madrid para analizar las oportunidades y los retos que plantean varias iniciativas legislativas que, en algunos casos, quedaron “estancadas” en la anterior legislatura. “Es el momento de aprobar medidas que cumplan los Objetivos de Desarrollo Sostenible y especialmente el objetivo doce, relativo a la producción y el consumo responsables, en un mundo en que las formas de consumo influyen, por ejemplo, en el trabajo infantil y en la deforestación”, según explicó la Coordinadora Estatal de Comercio Justo.

La coordinadora de la Plataforma de Empresas Responsables, Amaya Acero, aseguró que “9 de cada 10 personas en España está de acuerdo con que se obligue legalmente a las empresas a prevenir vulneraciones de los derechos humanos, como el trabajo forzoso, y la misma proporción de la población exige que se obligue a todas las empresas a reducir las emisiones del efecto invernadero”.

Por otro lado, el director de la Fair Trade Advocacy Office, Jorge Conesa defiende que aunque la normativa europea para el comercio justo sólo aplique a las grandes empresas, sus efectos positivos llegarán también a los pequeños proveedores y a los agricultores, que tienen enormes dificultades para sobrevivir por los precios injustos que reciben por sus productos”.

El presidente de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo, Alberto Abad, afirmó que “las ventas de comercio justo superan los 146 millones de euros, una cifra todavía lejos de la francesa pero que no ha dejado de creer”. En total, la alimentación supone el 95% de la facturación total, con el café y el cacao liderando las ventas, según recordó el dirigente.