En su comparecencia para exponer a los diputados que participan en la elaboración de la citada ley las propuestas de su organización, Gruel aconsejó ser muy "cuidadosos" en esta cuestión, a fin de garantizar la "progresividad y sostenibilidad" del sistema de prestaciones y recursos que se cree.

Esta es la única forma de garantizar, explicó, que no ocurra lo mismo que en otros países, como Alemania, donde se creó una importante estructura de atención a la dependencia que después hubo de "desmontar" porque no era sostenible, lo que "rompe las expectativas" creadas y obliga a los beneficiarios a renunciar a prestaciones con las que ya contaban.

En este sentido, el responsable de Cruz Roja española considera que "las fuentes de financiación deben ser mixtas", a fin de evitar "un sistema puramente privado que lo no pueda dominar el Estado, o uno totalmente público que sea infinanciable. Ese sería el equilibrio necesario".

En cuanto a los agentes que deben encargarse de la atención a este colectivo, subrayó que el tercer sector no debe estar presente únicamente en la fase inicial para "abrir camino", de modo que se dé paso cuando el sistema esté consolidado al sector público y la empresa privada.

ESPACIO DEL TERCER SECTOR

En su opinión, las organizaciones sociales deben disponer siempre de un ámbito de actuación, aunque sea en el "arcén", para desarrollar la prestación de servicios a las personas mayores y discapacitadas.

Gruel expresó su respaldo, por otra parte, a que se incentiven las actuaciones públicas en materia de dependencia, pero pidió que no se "penalice" a las familias que quieren encargarse de forma voluntaria del cuidado de las personas dependientes a su cargo, por lo que se les debe facilitar ayudas para ello.

El coordinador general de Cruz Roja española resaltó, asimismo, la necesidad de tener en cuenta en la política de dependencia las causas que han provocado esta situación, es decir, si se trata de lo que se denomina "dependencia social", o la que se deriva, por ejemplo, de accidentes.

Indicó que cuando se trata del segundo caso, las víctimas de accidentes son un colectivo "sanitarizado y muchas veces quedan fuera de los circuitos de inclusión social", mientras que con el primero ocurre lo contrario, "y las prestaciones que puede ofrecerles el régimen sanitario no las disfrutan porque han entrado por otra puerta".