En España, las OPFH son cooperativas y sociedades agrarias de transformación, cuya función es concentrar la producción para que los agricultores consigan mejores precios en sus vntas y puedan promover su presencia en los mercados finales, y así defenderse de la presión de los grandes comercializadores.

Según el director general de CCAE, Francisco Marín, la Administración "está desvirtuando la filosofía del reglamento comunitario que regula estas asociaciones de productores, al permitir que elementos ajenos a los agricultores se integren en estas organizaciones, con lo que se rompe la actual política comunitaria".

Actualmente, ya existen media docena de estas organizacions cuyo funcionamiento no se ajusta al reglamento comunitario, y la Confederación tiene ya prácticamente preparados cuatro recursos administrativos, entre ellos el de Campounión, sociedad de transformación de la exportadora murciana Fruca, y dos contra la comunidad navarra.

Marín explicó que además de comercializadores también se están introduciendo grandes productores, con la intención de realizar la propia retirada de frutas y hortalizas en los momentos de sobreproducción, ya que esta es otra de las acultades concedidas a las OPFH.

Además, tanto comercializadores como grandes productores recibirán ayudas comunitarias y nacionales durante cinco años, que oscilan entre el 5 y 3 por ciento de su facturación anual. El presupuesto español para estas subvenciones en 1993 es de 2.400 millones de pesetas.

El responsable de las cooperativas acusó a comercializadores y productores de "competencia desleal" para las cooperativas legalmente establecidas, que a su juicio están luchando para mejorar la cometitividad de las frutas y hortalizas españolas y el nivel de vida de los agricultores.

Marín también culpó a la Administración de conceder a los comercializadores "un cheque en blanco en detrimento de los agricultores", además de no haber hecho nada para mejorar el sector de frutas y hortalizas, y aseguró que se trata de una decisión de "índole política más que administrativa".

Además de los recursos, la Confederación de Cooperativas denunciará a la Administración española ante la CE, ya que en ingún país comunitario se está produciendo este conflicto.