El texto se articula en torno a cuatro áreas fundamentales de análisis. En primer lugar denuncia la aprobación del paquete liberalizador presentado por el Gobierno hace una semana, por entender que no se ha dado timpo a la oposición para presentar una alternativa elaborada y porque las medidas que se van a poner en marcha sólo servirán para "profundizar las desigualdades y para perpetuar en el poder a los grupos económicos dominantes".

En este punto, incluye una referencia específica a las modificaciones de la Ley del Suelo que permiten sustraer del control de los ayuntamientos el control sobre el desarrollo y diseño urbanístico de las ciudades. Incluso estas conclusiones apuntan la posibilidad de estudiar la pesentación de un recurso de inconstitucionalidad.

El segundo bloque crítico se refiere a la modificación de la Ley de Extranjería que planea el Gobierno y que los asistentes a la convención consideran claramente atentatoria contra los derechos de los inmigrantes. La resolución denuncia además el "boicoteo" del Ejecutivo a la aplicación de la ley actualmente en vigor, por lo que llama a la movilización social y la protesta de grupos sociales, partidos políticos, sindicatos y organización de inmigrantes

La política europea es el tercer bloque. En él se denuncia el peligro de que se consagre la Europa de las dos velocidades y se exige la incorporación a los Tratados de la Carta de Derechos Fundamentales.

Finalmente, la resolución aprobada hoy se apoya en el informe de Amnistía Internacional que critica la falta de compromiso del Gobierno español con la defensa de los derechos humanos, como ha quedado patente durante la reciente visita de Aznar a China, mientras se producían ejecuciones sumarísims.