Así lo anunció este miércoles el departamento de Alberto Garzón en un comunicado en el que explicó que ahora se abre un periodo para la instrucción del expediente definitivo y la consecuente resolución por parte de los órganos competentes del Ministerio de Consumo, que podrían multar con más de 100.000 euros a estos portales ‘online’ e incluso cerrarlos “permanentemente”.

Los requerimientos realizados previamente se enmarcan en una investigación “liderada” por la Dirección General de Consumo (DGC), en la que se examinaron más de 400 anuncios sobre prostitución y registraron 5.600 datos y según la cual el 99,5% de los spots analizados contaban con fotografías de contenido sexual, el 57% hacía referencias “directas” al cuerpo de quien publicita sus servicios y el 62,5% usaba en el texto del anuncio adjetivos con contenido sexual.

Además, según la investigación del Ministerio de Consumo, los anuncios se presentaban “en su mayoría” como ‘escort’ con la “intención”, a su juicio, de “intentar sortear la legislación vigente”. Este término apareció en el 90% de las webs analizadas en los filtros de búsqueda y en los espacios publicitarios de los portales.

El barrido también puso de manifiesto “conexiones” entre las “principales” webs que publican prostitución en Internet, dándose la circunstancia de que un tercio de las analizadas pertenecen a la “misma empresa publicitaria”, según Consumo.

A este respecto, recordó que la publicidad de servicios de prostitución —o contenidos directamente relacionados con ella, como servicios de ‘escort’, acompañante o masajista— está prohibida por la Ley Orgánica 10/2022 de garantía integral de la libertad sexual aprobada el 6 de septiembre de 2022.

Asimismo, hizo hincapié en que se considera una publicidad “ilícita” que “infringe” también la normativa de consumo aquella que utiliza “estereotipos de género que fomenten o normalicen las violencias sexuales contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes” además de la que presente a las mujeres “de forma vejatoria, bien utilizando particular y directamente su cuerpo o partes del mismo como mero objeto desvinculado del producto que se pretende promocionar”.

DIRECTRICES EUROPEAS

Las actuaciones del Ministerio de Consumo se “alinean” con las directrices del Parlamento Europeo, que recientemente también ha mostrado su “preocupación” por este tipo de publicidad.

En este sentido, el gabinete de Garzón recordó que la cámara europea ha instado a los Estados miembro a que adopten “medidas urgentes para hacer frente a la publicidad en línea y la facilitación de contactos que fomenten directa o indirectamente la prostitución o busquen atraer compradores".

Todo ello, "con el fin de prevenir la explotación de la prostitución ajena también en línea, incluida la de estudiantes, en particular de mujeres jóvenes, y la explotación sexual de menores por parte de hombres más ricos e influyentes, conocidos asimismo como ‘sugar daddies’”.

El pasado 23 de septiembre, en una resolución, el Parlamento consideró que el fenómeno de los ‘sugar daddies’ resulta “alarmante y especialmente frecuente en lugares como las universidades, pero también en las redes sociales y en línea" y explicó que consiste en el empleo de anuncios que "fomentan la prostitución de estudiantes, en particular de mujeres jóvenes, y la explotación sexual de menores por parte de hombres más adinerados e influyentes”.

En paralelo, también señaló que la prostitución “no es un acto individual de una persona que alquila su cuerpo por dinero, sino que se trata de un sistema organizado con fines lucrativos". "Un sistema intrínsecamente violento, discriminatorio y profundamente inhumano que funciona como un negocio y crea un mercado, en el que los proxenetas planifican y actúan para asegurar y aumentar sus mercados y en el que los compradores de sexo desempeñan un papel fundamental para incentivarlos”, resolvió.