Así lo anunció el departamento de Alberto Garzón en un comunicado en el que defendió que el instrumento, “pionero” a nivel nacional, “refuerza, mejora y amplía” la “capacidad” del Estado a la hora de “vigilar, inspeccionar y sancionar fraudes masivos”.

A este respecto, recordó que la norma que regula el mecanismo sancionador entró en vigor el pasado 28 de mayo tras una reforma de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y subrayó que, entre otros aspectos, garantiza la existencia de procedimientos administrativos en materia de consumo que “den lugar a sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias”, tal como exige la Unión Europea.

Consumo puntualizó que las multas se dividen en cuatro categorías, según el tipo de infracción, y van desde las leves, con sanciones de entre 150 y 10.000 euros, aunque podrán ser superiores hasta alcanzar entre dos y cuatro veces el beneficio ilícito obtenido, a las graves, con multa de entre 10.001 y 100.000 euros, aunque podrán ser superiores hasta alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido, y muy graves, sancionadas con entre 100.001 y 1.000.000 euros, aunque podrán ser superiores hasta alcanzar entre seis y ocho veces el beneficio ilícito obtenido. Esta última sanción lleva también aparejada la publicidad de la resolución sancionadora.

Por su parte, las infracciones generalizadas o generalizadas con dimensión en la Unión Europea incluyen una multa de hasta el 4% del volumen de negocio anual del empresario infractor en España.

Entre las infracciones en materia de defensa de los consumidores que se podrán sancionar se encuentran las “acciones u omisiones que produzcan riesgos o daños efectivos para la salud o la seguridad de la población, el incumplimiento de las normas reguladoras de precios o la introducción de cláusulas abusivas en los contratos”, entre otras.

El Gobierno se ha dotado de este mecanismo sancionador con el objetivo de que “no vuelvan a producirse episodios” como el caso del ‘Dieselgate’ y Consumo hizo hincapié en que, a diferencia de otros países europeos que impusieron sanciones “ejemplares”, España “no pudo hacerlo por falta de un mecanismo sancionador adecuado”.

PROTECCIÓN REFORZADA

El gabinete de Garzón defendió que la nueva subdirección general se “suma” a otras medidas puestas en marcha por el Ministerio para “garantizar” que las relaciones de consumo se desarrollan “en términos de justicia social, igualdad y sostenibilidad”.

En este punto, destacó las políticas de protección para las personas consumidoras y usuarias que se desarrollarán a lo largo de 2023, a las que se destinarán más de 17 millones de euros, un 17,27 % más que en 2022.

Junto a ello, Consumo también tiene previsto “impulsar” el Sistema Arbitral de Consumo, con “importantes” subvenciones para las Juntas Arbitrales regionales y locales.

Por último, insistió en que el Congreso de los Diputados tiene intención de aprobar “en los próximos meses” la Ley de Servicios de Atención a la Clientela.