Así lo advirtió en un comunicado en el que precisó que los productos implicados son el lote 2270040 de Mi patria Queso Fresco de Vaca Latino con etiqueta de la bandera de Ecuador, la bandera de Perú y etiqueta de color verde y blanca con imagen de una vaca frisona y con peso aproximado por unidad de unos 300 gramos y fecha de caducidad el 26 de noviembre; el lote 2270034 de Queso Fresco La Granja Latina con etiqueta de color azul y blanca con imagen de una vaca frisona, en su presentación de un kilogramo con fecha de caducidad el 12 de octubre y el lote 2270037 del mismo producto en su presentación de 300 gramos y caducidad el dos de noviembre.

Además, está afectado el lote 2270041 de Mi patria Queso Fresco de Vaca Latino Costeño con etiqueta de color amarillo, formato de barra costeño, peso aproximado de tres kilos y fecha de caducidad el 10 de enero de 2023.

La Aesan fue informada por la comunidad autónoma de Castilla–La Mancha, a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri), de la comercialización de queso fresco que se considera “no seguro por proceder de un operador no autorizado”, por lo que recomendó a las personas que tengan en su domicilio los productos incluidos en esta alerta se abstengan de consumirlos.

El inicio de las actuaciones se enmarca en una investigación en un establecimiento que no tiene número de registro sanitario por haber sido dado de baja al haberse encontrado en las instalaciones “deficiencias importantes”, según la agencia, que añadió que, tras una inspección en el interior, se observó que se encontraba con actividad, por lo que se procedió a retirar todo el producto del mercado y a la notificación a través de la red de alerta alimentaria.

Según la información disponible, la distribución inicial de los productos se realizó en Madrid, Cataluña, Valencia, Baleares y Murcia, si bien, según Consumo “no se descarta que haya distribución a otras comunidades autónomas”.

Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes autonómicas a través del Sciri y a los Servicios de la Comisión Europea a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (Rasff), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.