Así lo avanzó este lunes el gabinete de Bustinduy en un comunicado en el que recordó que por rebajas engañosas se entiende el hecho de que estos operadores habrían subido el precio de varios productos antes del ‘Black Friday’ para luego rebajarlos a su precio original.

A este respecto, urgió a “tener en cuenta” que, según el artículo 20 de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista, siempre que se oferten artículos con reducción de precio, deberá figurar “con claridad, en cada uno de ellos, el precio anterior para poder llevar a cabo una correcta comparación”.

“En este caso, la ley también indica que el precio anterior debe ser el precio menor que hubiese sido aplicado sobre productos idénticos en los 30 días precedentes”, abundó el departamento de Bustinduy.

La Dirección General de Consumo, dependiente del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y A2030, ha recabado información de este tipo de prácticas durante una investigación previa que puso en marcha por considerar que “existían indicios de que dichas operadoras estarían llevando a cabo estas prácticas en sus ventas online”.

PRÁCTICAS DESLEALES

Unas prácticas comerciales que, a su juicio, “pueden considerarse desleales con las personas consumidoras” y que supondrían una infracción en

base al Artículo 47 de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios.

En este sentido, Consumo subrayó que, “bajo este precepto”, estas prácticas pueden llegar a calificarse como “infracciones graves” y ser sancionadas con multas de hasta 100.000 euros, cantidad que se puede “sobrepasar hasta alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido”.

La investigación fue realizada por los servicios técnicos de la Dirección General de Consumo, adscritos a la Subdirección General de Inspección y

Procedimiento Sancionador y comenzó en el mes de octubre de 2023 cuando se procedió a la monitorización diaria de un total de 1.140 productos coincidiendo con el ‘Black Friday’.

Los operadores investigados comercializan una “amplia” gama de productos electrodomésticos, de electrónica, deportes o cosmética que pueden adquirirse en tiendas y en grandes superficies.

PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS

Esta monitorización se llevó a cabo a través de la herramienta ‘Price Reduction Tool’ de la Comisión Europea y fue así como Consumo constató “presuntos incumplimientos” referidos a “diversos” operadores de comercio electrónico, siempre relativos a compras en línea a través de Internet.

A dos de estos grandes operadores ya se les ha abierto expediente sancionador, mientras continúa abierta la investigación al resto de empresas que habrían incurrido en esta práctica. La Dirección General de Consumo indicó que la iniciación de estos expedientes sancionadores “no prejuzga el resultado final de la investigación”.

Por último, el gabinete de Bustinduy explicó que ahora se abre un periodo máximo de nueve meses para la instrucción de los mismos y para su resolución por los órganos competentes del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.