Así lo ha señalado la directora general de Consumo de la Comunidad de Madrid, Carmen Martínez de Sola, quien ha destacado que dicho desglose deberá separar la parte correspondiente a los servicios de tarificación adicional de la parte correspondiente a los servicios de información o comunicación.

De esta manera, si el consumidor no está de acuerdo con el cobro del servicio y decide no pagar y poner una reclamación contra la empresa, que es distinta de la operadora telefónica, no se le podrá cortar la línea, siempre y cuando pague por todo lo demás.

Las continuas reclamaciones hacia estos servicios, que no estaban regulados, desembocaron en una resolución que califica los 905 como servicios de tarificación adicional.

Así, los consumidores tienen derecho a ser desconectados de los 905, utilizados por los medios de comunicación para concursos, sondeos, televoto o usos profesionales y que han generado abultadas facturas entre algunos usuarios.

Si el usuario había solicitado anteriormente a su operador la desconexión de los otros números de tarificación adicional (803, 806 u 807), tendrá ahora inhabilitado directamente también el acceso a los 905.