Según la UCE, la mayoría de los consumidores que desean formalizar un contrato de crédito se ven obligados a contratar un seguro de vida para garantizar el pago del capital adeudado e el supuesto de fallecimiento o incapacidad.

Las pólizas, que suponen en sí un abuso, en opinión de la UCE, constituyen un claro fraude, en la medida en la que se está asegurando a veces a personas enfermas, que en ningún caso podrán beneficiarse de la indemnización si llega a tener lugar el fallecimiento o la incapacidad.

La compañía aseguradora se ve forzada por la entidad financiera a asegurar a todos los prestatarios, incluidos aquellos con alto riesgo, conocedoras de que si fallecen podrán ngar la indemnización alegando que deriva de una enfermedad preexistente en el momento de formular el contrato.

Para evitar este tipo de abusos, la Ley de Contrato de Seguro exige a las compañías que sometan a sus asegurados a un cuestionario sobre su estado de salud, de modo que la aseguradora sólo podrá denegar la indemnización al asegurado si éste hubiese mentido u ocultado información relevante a su salud.

Si la compañía no somete al asegurado a este cuestionario, no puede rechazar la indemnizción por enfermedad preexistente. Para poder efectuar las reclamaciones pertinentes, antes de acudir a la Dirección General de Seguros, hay que hacerlo primero al Defensor del Asegurado, figura dependiente de la aseguradora, por lo que desde la UCE se pide a la Administración que se suprima este trámite.