Una de las novedades que se establecen en el proyecto de ley es la elaboración de un censo promocional, que llevará a cabo el Instituto Nacional de Estadística (INE), en el que se recoge el nombre, apellidos y dirección de a persona.

El propio INE se encargará de solicitar a los ciudadanos su consentimiento expreso para aparecer en ese listado, y sólo podrá vender los datos de aquellas personas que no se hayan opuesto. Asimismo, el proyecto restringe el traspaso de información personal de los ciudadanos entre los organismos públicos.

Para la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), se trata de una ley favorable que gana en seguridad y garantía. "El censo promocional que se crea con la ley da más seguridad y vene a sembrar más certidumbre donde antes había contradicción y cierto descontrol", señaló a Servimedia Antonino Joya, portavoz de la OCU.

Por su parte, la Unión de Consumidores de España (UCE) calificó la reforma de "positiva". Según dijo a esta agencia su portavoz, Enrique García, "es más clarificante y resuelve algunos puntos oscuros de la anterior ley".

"Está más actualizada, goza de mayor transparencia y clarifica la cesión, la obtención de datos y los derechos de oposición. Da más seguridady marca unas líneas de juego más claras, tanto para los consumidores como para las empresas de publicidad o propaganda", concluyó.