Según confirmaron a Servimedia fuentes de la Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (Ceaccu) y de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), estas estafas han disparado las reclamaciones ante las oficinas municipales de consumo y las propias asociaciones de consumidores por facturaciones telefónicas que llegan a los 3.000 euros en dos meses (medio millón de las antiguas pesetas).

El Gobierno ustituyó el pasado 30 de octubre los prefijos 903 y 906 por los 803 (servicios exclusivos para adultos), 806 (servicios de ocio y entretenimiento) y 807 (servicios profesionales) y, en contra de lo pedido por unanimidad por el Consejo de Consumidores, órgano consultivo nacional, cambió a última hora la necesidad de pedir el alta en estos números por la libertad de marcación, aunque se puede solicitar la desconexión de estos números y las operadoras deben ejecutarla en 10 días.

Llamar a estos números d tarificación adicional puede costar un máximo de 109,72 euros si se llama desde un teléfono fijo (la duración máxima son 30 minutos) y de 120,16 euros si la llamada se efectúa desde un móvil.

FACTURACIÓN

En caso de disconformidad con la facturación, la normativa en vigor obliga a pagar la parte del recibo telefónico que no se refiere al número de tarificación adicional para que no se le corte la línea al usuario, pero también en el último momento el Gobierno introdujo en la orden ministerial la oblgación de pagar la parte que se llevan la dueña de la red básica (Telefónica) y la operadora telefónica al llamar a un número 800 y, si luego el usuario obtiene la razón, recuperará ese dinero.

Ceaccu ha identificado a varias empresas que han conseguido ingresos de 30 y hasta 36 millones de euros en un año (5.000 y 6.000 millones de pesetas al año) con estas estafas y está preparando una demanda penal contra ellas.

Las diversas fuentes consultadas recordaron que, del 'pastel' de la llamada a un nmero 800, entre el 30% y el 50% se lo llevan la operadora con la que se llama (Telefónica, Auna, Uni2, Aló) y Telefónica por poseer la red, y el 16%, Hacienda por el IVA.

La OCU recriminó al Gobierno que todavía no haya realizado campaña informativa alguna sobre los números de tarificación adicional, ni sobre su alto coste por minuto (que las empresas suelen indicar con letra pequeña en los anuncios u ocultar si facilitan el número por teléfono, anunciando un falso premio) ni sobre la posibilidad de pdir la desconexión de estos números a la operadora telefónica del usuario.