Ezquerra declaró hoy como testigo ante la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, Teresa Palacios, que investiga el accidente aéreo del Yakovlev-42, que ocurrió en Trebisonda (Turquía) el 26 de mayo de 2003 y que provocó la muerte de 62 militares españoles.

Según fuentes jurídicas, Ezquerra dijo que no le consta que las autoridades turcas pusieran la condición de la identificación de los cadáveres, como tampoco le consta que los responsables españoles, tanto en España como en Turquía, dieran órdenes para que se determinase quién era quién antes de proceder a la repatriación a España.

Asimismo, señaló a la magistrada que él nunca dijo a la comisión española que para el traslado de los cuerpos fuera necesario ese requisito.

También declaró que desconoce las causas por las que la identificación de los cadáveres se llevó a cabo de forma errónea, de lo que se enteró meses más tarde.

Reconoció que se hicieron anotaciones en el registro consular con las identificaciones erróneamente realizadas y llevadas a cabo supuestamente por los generales Vicente Navarro y José Antonio Beltrán, imputados en el caso.

Además, dijo que él, cumpliendo con sus obligaciones estatutarias, acudió al lugar de los hechos cuando le informaron del accidente, pero que nunca entró en la morgue donde estuvieron los 62 cadáveres que produjo el accidente.

CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES

Por otra parte, Ezquerra reconoció la autoría de un documento, fechado el 28 de mayo de 2003, en el que afirma que, "debido a las circunstancias excepcionales referentes a la repatriación de los restos mortales" de los fallecidos en el citado accidente aéreo, no se pudieron cumplir todos los requisitos habituales para la obtención de la licencia de entierro.

Dado que la identificación de los cadáveres no se llevó a cabo correctamente, 30 de los 61 cuerpos fueron indebidamente inhumados. El entierro tuvo lugar el 28 de mayo de 2003 y las inscripciones de defunción se produjeron dos días más tarde.

Por otra parte, fuentes jurídicas indicaron que la magistrada no tomará declaración al traductor turco que asistió a los militares españoles, ya que falleció en otoño del año pasado. Esta diligencias fue solicitada por la Asociación de Víctimas de Familiares del Yak-42.

Fue el 15 de julio de 2004 cuando la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acordó admitir su competencia para investigar las dos denuncias presentadas por la Asociación de Familiares de Víctimas del Yak-42.

Los magistrados revocaron así la decisión tomada en su día por la jueza Teresa Palacios, quien archivó las denuncias por considerar que la Audiencia Nacional no era el tribunal competente para investigar el caso.

DOS DENUNCIAS

Una de las denuncias enumera las supuestas irregularidades relacionadas con el vuelo y pedía que se esclarecieran las circunstancias del trágico accidente.

Según fuentes jurídicas, esta parte de la investigación está pendiente del informe definitivo sobre las causas del accidente que la Comisión Internacional debe redactar.

La otra se dirigió contra Vicente Navarro y José Antonio Beltrán, los dos generales que participaron en la identificación errónea de los militares fallecidos en el accidente.

Esta parte de la instrucción está pendiente de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional resuelva varios recursos presentados por las acusaciones particulares.