Los constructores aseguran que existe discrecionalidad y excesiva lentitud en las decisiones urbanísticas, por lo que reclaman una mayor seguridad jurídica y estabilidad en las normas para evitar que los políticos libren sus batallas particulares "a costa nuestra y de los ciudadanos".

La Junta Rectora de la Asociación Provincial de Constructores romotores de Zaragoza ha difundido un duro comunicado en el que critica la actuación tanto de los políticos como de las instituciones públicas en determinados expedientes urbanísticos.

Este hecho se produce poco después de que las Cortes de Aragón aprobaran una proposición no de ley para que el Gobierno regional incoe un expediente de declaración como bien de interés cultural de la zona del Tubo de la capital aragonesa, uno de los lugares más emblemáticos de Zaragoza y punto de referencia de muchos delos visitantes que se acercan a la ciudad.

Los constructores rechazan el acuerdo del Parlamento regional, cuyo motivo, a su juicio, "no es otro sino el de sustraerse a la mayoría conseguida por el PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza mediante la habitual captación de voto del concejal tránsfuga José Luis de Torres".

El acuerdo alcanzado en las Cortes de Aragón ha paralizado la tramitación del proyecto que una inmobiliaria zaragozana, ORNI S.A., había elaborado para rehabilitar todo el entorno y zoa del Tubo. En opinión de los constructores, la posible incoación de expediente por parte del Gobierno aragonés supondría la paralización de inversiones, al igual que ocurrió en 1978 cuando abrió un expediente de declaración para todo el casco histórico.

Los constructores consideran que los políticos e instituciones no deberían poner trabas al desarrollo de nuevos proyectos urbanísticos que supondrían importantes inversiones para la ciudad en un momento de grave crisis económica.