Por ello, pide que, “de manera urgente y decidida”, el Ejecutivo compute la factura de la energía en el Real Decreto-ley aprobado el pasado 1 de marzo con medidas de carácter extraordinario para revisar, excepcionalmente, los precios de los contratos públicos de obras afectados por la subida de los precios de los materiales.

En este sentido, la CNC alerta de que la volatilidad de los precios “está poniendo en riesgo muchos proyectos” y de que muchas constructoras se encuentran “asfixiadas” por sobrecostes cuyo origen es ajeno a su actividad, la mayoría de ellos derivados de una crisis energética, ante la que la Comisión Europea prevé presentar una batería de medidas de emergencia.

A juicio de la CNC, es una “urgencia que debe tener también el Gobierno de España”, de manera similar a Portugal, Francia o Italia, que ya han puesto algunas en marcha.

La patronal explica que el sector no sólo utiliza la electricidad, sino que también depende, en gran medida, de los hidrocarburos, tanto en la ejecución como en la elaboración de materiales básicos para la construcción.

Así, explica que, para la producción de cemento, por ejemplo, la energía puede alcanzar el 55% del coste total. En la elaboración de cerámica y ladrillo, supone casi las dos terceras partes. Y su peso también resulta “especialmente significativo” para producir acero o betún, o para usar maquinaria y otros materiales electrointensivos. “Y todo ello repercute en los costes finales de las obras”, enfatiza.

En este contexto, la CNC insta a mejorar el Real Decreto-ley para “ofrecer certidumbre a las constructoras, lograr una mayor estabilidad con su extensión más allá del ejercicio de 2021, computar los plazos desde el momento de presentación de ofertas -momento último en el que la empresa puede prever con certeza sus costes- e incluir en su cálculo los materiales cuyo desabastecimiento se ha agudizado estos días como consecuencia de la huelga del transporte”.

Dentro de su propuesta de mejora, la patronal sugiere matizar la Ley de desindexación de la economía española para que su contenido no se aplique a la contratación pública. Así, destaca que el sistema de revisión de precios vigente desde 1965 dotó de “estabilidad” a la contratación pública hasta la entrada en vigor de la nueva ley en 2015.

“El sistema de revisión de precios se basa en unos índices que elabora el INE y que aprueba el Ministerio de Hacienda y Función Pública, por lo que su rigor estaría asegurado. Y este sistema nunca dio problemas”, aclara la patronal.

Según el presidente de la CNC, Pedro Fernández-Alén, “el encarecimiento de los materiales y los problemas de suministro se han visto seriamente agravados por la guerra en Ucrania y ahora por la huelga de los transportistas. Sin embargo, lo que más nos preocupa en estos momentos es la inasumible escalada de la energía, frente a la que urge actuar con medidas contundentes y de calado si queremos salvar al sector de un colapso que sería tremendo para la recuperación de nuestra economía, teniendo en cuenta su peso en el PIB y el empleo, y su importancia para ejecutar los fondos europeos”.